Anuncian nuevas acciones legales contra la violencia política en su contra”
Eulalia Rocha/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. Erika Molina López, Herminia Quiroz Alavés, y Yareli Cariño López, síndicas municipales de Santo Domingo Zanatepec, San Juan Colorado y Santiago Pinotepa Nacional, respectivamente, acusaron la omisión de las instituciones del gobierno del estado por garantizar el cumplimiento de las sentencias de los tribunales electorales, en reconocimiento y defensa de sus derechos políticos, por lo que anunciaron nuevas acciones legales ante la falta de condiciones para cumplir las atribuciones de sus cargos.
En conferencia de prensa, refirieron que a más de un año de haber sido electas, y pese a las sentencias a su favor por parte del Tribunal Estatal Electoral (TEEO) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en las que ordenan a los presidentes municipales garantizar las condiciones para que las síndicas ejerzan sus cargos, no se ha dado cumplimiento a los ordenamientos, y tampoco ha existido seguimiento vinculatorio y obligado por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía, el Congreso del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Ante ello, anunciaron que promoverán nuevamente acciones legales para poner fin a la violencia política por razones de género ejercida en su contra, y que mucho tiene que ver con la omisión por parte del gobierno del estado.
Erika Molina López, señaló que tiene a favor sentencia del TEEO, en el Juicio para Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, emitida en marzo de 2017, y ratificada en la Sala Regional Xalapa del TEPJF en abril del mismo año. A ocho meses de ello, dijo, no existen en el municipio de Zanatepec, condiciones para ejercer su cargo; pues indicó que su personal de apoyo fue despedido por el presidente municipal Ramiro Nolásco Gerónimo, carece de material e infraestructura mínima, y además le han retenido los pagos de las últimas 10 quincenas.
Por su parte, Herminia Quiroz, Síndica Municipal de San Juan Colorado, inició un Juicio de Protección de Derechos Políticos del Ciudadano en el TEEO, cuya sentencia emitida en diciembre de 2017, ordena al presidente Juan García Arias, abstenerse de generar violencia política por razones de género y pagar salarios que por seis meses retuvo a la funcionaria municipal. Hasta hoy, el edil se ha negado a cumplir la sentencia, y no la ha restituido en su cargo, además presentó un juicio de impugnación ante la Sala regional Xalapa del TEPJF.
Sobre el caso de Yareli Cariño, indicaron que por una sentencia a su favor por parte del TEEO fue restituida en su cargo en el mes de febrero de 2017, pero a la fecha no ha podido ejercerlo debidamente; la violencia en su contra ha incrementado, al grado de que hombres armados la han llegado a intimidar a su domicilio. Además de que el presidente municipal, Guillermo García, ha interpuesto una demanda penal en su contra, luego del apoyo que ella diera a policías municipales inconformes con las acciones de la autoridad.
En este sentido, el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, A.C, reprochó al gobierno del estado no dar acompañamiento a las sentencias de los tribunales electorales, pese a que es su obligación, y está enmarcada en el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) firmada y ratificada por México, que expresamente establece que “Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular, garantizarán a las mujeres en igualdad de condiciones a los hombres, el derecho a:
[…] Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.
