La Jornada.
Ciudad de México. Ante el aumento del robo de teléfonos celulares, que derivó el año pasado en la presentación de 14 mil denuncias, el doble que en 2016, y un pérdida promedio para la víctimas de 7 mil 538 pesos, el procurador capitalino, Edmundo Garrido, planteó prohibir la compra-venta de celulares usados que no cuenten con algún documento que muestre la legalidad de su adquisición.
Dicha medida “radical” contempla también dar de baja en definitiva este tipo de aparatos de modo que queden inhabilitados para usarse con otro chip y la intervención del SAT para la emisión de comprobantes; así como firmar acuerdos de cooperación con las compañías proveedoras de estos equipos, que permitan facilitar la investigación del ilícito.
Además de fortalecer el marco jurídico para impedir o regular el comercio de teléfonos celulares usados y, de esta manera, imposibilitar o disminuir su uso en la comisión de otros delitos; y el contar con una Norma Oficial Mexicana, que regule el mercado de móviles usados.
En el marco de la primera Conferencia Nacional Extraordinaria de Procuración de Justicia 2018, afirmó que el problema constituye un desafío para las instituciones de seguridad de todo el país, por lo que consideró necesaria la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que, en el ejercicio de sus atribuciones, se cerciore de la procedencia de los aparatos, haciendo que quienes los expenden emitan comprobantes o facturas.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 73.6 por ciento de la población mayor de seis años cuenta con un teléfono inteligente y esta actividad ilícita representa para las víctimas una afectación de manera individual de 7 mil 538 pesos, en promedio.
Por ello planteó a los fiscales y procuradores del país, se instale en breve un grupo de trabajo que elabore otras propuestas de prevención, investigación y persecución de este tipo de ilícito, pues en la capital del país se iniciaron en 2016 siete mil carpetas de investigación relacionadas con este tipo de delito.
Mientras que el año pasado el volumen de indagatorias casi se duplicó al iniciarse casi 14 mil, por lo cual planteó a sus pares en el país una serie de estrategias para frenar el ilícito, tales como identificar los puntos de mayor incidencia a través de la georreferencia de zonas de riesgo, modus operandi, así como días y horarios de su comisión.
Consideró que a través de labores de inteligencia en campo, se pueden ubicar zonas de comercio informal, además de implementar operativos que, indicó, deben ir de la mano con campañas de sensibilización y prevención dirigidas a la sociedad con el objeto de inhibir la compra-venta de equipos celulares robados.
Es preciso fortalecer los sistemas de registro público, respecto a la asignación de números de celulares, así como de la posesión de los equipos, con el fin de mantener localizables a sus poseedores e impedir la comercialización ilícita, así como su uso en actividades delictivas, precisó.
Garrido Osorio dijo que ante el incremento del robo de teléfonos celulares que se pudiera estar dando también en el resto de las entidades federativas, es oportuno implementar acciones de prevención y combate efectivo, entre las cuales está la de inhibir su comercio irregular.
Por ello llamó a quienes son víctimas del robo de sus teléfonos a denunciar ante la autoridad, a fin de evitar cualquier eventual responsabilidad en caso de que sus equipos sean utilizados para cometer ilícitos como extorsiones, secuestros, homicidios y robos.
