Oaxaca de Juárez. En Sesión Ordinaria en el Congreso del Estado, el vicecoordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Horacio Antonio Mendoza presentó la Iniciativa de ley con proyecto de decreto en materia de trata de personas, cuyo objetivo es adicionar el principio rector de debida diligencia, es decir, que los funcionarios públicos estén obligados a actuar con eficacia para combatir e investigar este delito.
“La Iniciativa que hoy presento, incorpora un principio rector fundamental en la tarea de combate a la trata de personas que es la debida diligencia, es decir que los servidores públicos tienen la obligación de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución, atención y reparación del daño de los delitos previstos por la legislación, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas”, detalló.
Además el Legislador del Sol Azteca, precisó que se homologa lo relativo al Interés Superior de la Niñez, principio rector en la actividad jurisdiccional y legislativa del Estado Mexicano, así como la terminología empleada acorde a la situación actual de las instancias de procuración de justicia en el Estado, “en nuestra entidad se homologó la legislación estatal el 22 de junio del año 2012, fecha en la que fue expedida la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, sin embargo como toda ley es susceptible a perfeccionarse y adaptarse a los cambios que se presentan en la realidad política y social de nuestro Estado, hoy propuse ante el pleno dicha Iniciativa”, manifestó.
En este sentido, Antonio Mendoza dijo que la Ley General para prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y asistencia a las Víctimas, tiene el principal objetivo de establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación y persecución de este delito, establecer los tipos penales en materia de trata y sus sanciones, y determinar los procedimientos penales y la distribución de competencias entre federación y estados, por lo cual era necesario sentar las bases para que los funcionarios correspondientes, se desempeñen a cabalidad en sus funciones y cumplan con las víctimas de este delito.
