Diputados eliminan juicio político; aplicable para ex gobernadores pero eximen al actual gobernador

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Ignacio Martínez Platas/RIOaxaca.

Oaxaca de Juárez. A pesar del desafuero aprobado éste día por la LXIII Legislatura del Estado, el procedimiento de juicio político al ex –gobernador Gabino Cué Monteagudo, seguirá su curso hasta sus últimas consecuencias, así lo sostuvo la coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), María de las Nieves García Fernández.

El Juicio Político, dijo, también será aplicable a todos los funcionarios de la pasada administración gubernamental,  en contra de quienes la sociedad oaxaqueña señale y avale el propio Congreso del Estado.

La Ley del desafuero, que entraría en vigor  éste mismo jueves al publicarse en el Periódico Oficial, de ninguna manera podrá ser retroactivo y por lo consiguiente, descartó que vaya a beneficiar al ex -gobernador y a los funcionarios de su administración.

El caso de Gabino Cué, señaló, ya se encuentra en manos de la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado, en donde el procedimiento continua su curso para determinar su grado de responsabilidad y con ello su inhabilitación y probable consignación a la Fiscalía General del Estado.  

García Fernández, reconoció que algunos medios de comunicación le dieron una mala interpretación a la aprobación del desafuero y a la posible desaparición del procedimiento de Juicio Político, al no ser necesaria su vigencia.

Sin embargo, destacó, que la confusión se presentó por el caso de Gabino Cué, ante la presunción de que al aprobarse el desafuero, en automático quedaría sin vigencia el juicio político y se beneficiaría al ex –gobernador del estado y a sus funcionarios señalados de daños a la nación y patrimonial al erario público.

La legisladora priista, explicó que el juicio político es eminentemente administrativo y sus sentencias de inhabilitación, son sólo sanciones administrativas más que políticas por sus implicaciones; en tanto que al quitar el fuero a los funcionarios, magistrados y diputados, se les puede sancionar económica y hasta penalmente y meterlos a la cárcel, sin necesidad de juicio político.