Por Reforma
En un principio, la investigación de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán fue deficiente.
Cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán escapó en julio pasado del penal del Altiplano, la PGR no pudo acreditar la responsabilidad penal de nueve de los funcionarios a los que imputó el delito de evasión de un reo procesado por delitos contra la salud.
El 17 de julio, apenas seis días después de la fuga, Víctor Octavio Luna Escobedo, Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, resolvió negar nueve órdenes de aprehensión y librar sólo siete, de acuerdo con la resolución judicial a la que se tuvo acceso.
En el fallo de la causa penal 48/2015, el juez rehusó girar las capturas de Miguel Ángel Flores Mirafuentes, Herminio González Albarrán, Agustín Jiménez Molina, Roberto Cruz Bernal, Miguel Ángel Cortez Carrillo, Jaime Galindo Hernández, Juan Carlos Ortiz Calderón, Felipe Hernández Espinoza y Librado Carmona García.
Para el juez, en aquel momento, la investigación de la PGR carecía de los elementos básicos probatorios para presumir la probable responsabilidad de dichos indiciados.
Pero en la misma resolución instruyó las aprehensiones de Víctor Flores Hernández, José Daniel Aurioles Tavares, Emmanuel Galicia Conchillos, Juan Carlos Sánchez García, Luis Alberto Aguilar Morales, Juan Ignacio Cuarenta Orozco y Esteban Estrada Ramírez, ex elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal y de Seguridad Penitenciaria.
Este fallo fue impugnado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), entonces a cargo de Felipe Muñoz Vázquez, pero unos días después retiraron la apelación para reelaborar el expediente.
En septiembre, la dependencia volvió a pedir las aprehensiones y logró encarcelar a seis de los nueve funcionarios a los que en un principio no había podido acreditarles indicios de delito.
Sin embargo, los tres que no fueron detenidos son precisamente los que tenían mayor nivel jerárquico, es decir, Librado Carmona, ex director Técnico; Juan Carlos Ortiz Calderón y Felipe Hernández, director y subdirector de Seguridad y Custodia del Altiplano.
Aún no está claro si se libraron en septiembre las capturas contra estos últimos, ya que el juez de la causa incluso giró un citatorio a Ortiz Calderón para que declarara la semana pasada como testigo, pero no acudió a rendir su testimonio.
De las más de 40 personas que han sido recluidas por la fuga de “El Chapo”, 20 de ellos son servidores públicos.
