Hoy 26 de septiembre se cumple apenas el primer año de uno de los acontecimientos más negros e indignantes de la historia reciente de México (lo que ya es decir) y se siente como si ya fueran muchos más.
43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa fueron desaparecidos por cuerpos de seguridad del estado, de los que la versión oficial e histórica del gobierno federal insiste en señalar que se trataron exclusivamente de policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero.
Otras seis personas fueron asesinadas, entre ellos otros tres normalistas, al que uno le desollaron el rostro. La brutalidad de todo el hecho vino a terminar de comprobar el nivel de vileza que ya ha alcanzado la vida pública de este país, pero lo que vino después ha constatado la absoluta impunidad kafkiana que permea ya en los niveles de inoperancia del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Como olvidar el “ya me cansé” del exprocurador Jesús Murillo Karam expresado a los padres de los 43, que presidió el anuncio de la verdad histórica con el que la Procuraduría General del Estado explicaba la multitudinaria desaparición forzada.
En la cual 43 jóvenes (politizados, acostumbrados a la movilización y la confrontación) fueron apilados como cerdos en la batea de una camioneta, para ser después asesinados, sin presentar ningún tipo de oposición y terminar siendo incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, por narcos desalmados, a los que hoy versiones periodísticas señalan como simples albañiles torturados por una PGR que debió pensar que vivía todavía en el México del siglo veinte.
Pues hoy el gobierno priista peña nietista se ha dado cuenta ya que la sombra de estos 43 estudiantes no se la podrá quitar por más verdades históricas que fabrique o por más supuestos súper villanos que alterne.
Basta recordar como la versión oficial señalaba en un principio a José Luis Abarca, entonces edil de Iguala e integrante del cartel Guerreros Unidos, y a su esposa María de los Ángeles Pineda, como la pareja presidencial enferma de poder que había mandado a desaparecer a los 43 en venganza porque estos tenían la intención, mediante la toma de cuatro autobuses, de terminar con un mitin de precampaña de la primera dama municipal.
Hoy la verdad histórica ya es otra, y habla de que un narco líder de Guerreros Unidos, muerto ya en un enfrentamiento con fuerzas federales, Sidronio Covarrubias, fue el que mando a desaparecer a los 43 chicos por un mal informe que le dio un subalterno, quien identificó a los normalistas como integrantes del grupo de narcos contrario, el cartel de Los Rojos.
A este descredito hay que terminar de sumarle el informe de sus investigaciones presentado por un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado como imposible la quema de los 43 cadáveres en Cocula, la presencia del Ejército mexicano y la Policía Federal (ya sea por acción u omisión) la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, y la existencia de un posible quinto camión que las versiones oficiales se esforzaron hasta lo indecible en ignorar.
Hoy las madres y padres de los 43 normalistas siguen en pie de lucha, y organizaciones sociales que los apoyaban fueron maiceadas por el gobierno apaciguador del interino gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega.
Los grupos que todavía están con ellos han radicalizado sus métodos ante un gobierno federal que como una de sus medidas protectoras a su ridícula verdad histórica no permitió que integrantes del 27 batallón del Ejército mexicano fueran interrogados por el grupo de expertos internacionales sobre lo que vieron e hicieron la noche de Iguala.
Aunque se sabe por testimonios que lo en lo que si se tiene perfectamente localizado al Ejército Mexicano es en las furiosas amenazas que sus integrantes les hicieron a los normalistas heridos y sobrevivientes de entregarlos con la policía municipal cuando los mismos normalistas les habían dicho que fueron los propios policías municipales los que les habían disparado.
Hoy el gobierno federal tiene identificados ya los restos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, ambos según la PGR encontrados en el basurero y pira funeraria de Iguala, lo cual se contrapone directamente con la investigación de la Comisión Interamericana. Lo que lleva a preguntarse, que si es materialmente imposible que los 43 estudiantes fuesen reducidos a cenizas en Cocula, ¿de dónde sacó el Gobierno Federal dichos restos?
Hoy será día de marchas en todo el país, y probablemente de arrestados y de políticos llamando a la cohesión social, pues ya no pueden llamar al olvido y a cambiar la pagina, como lo hiciera Peña Nieto y el inefable expresidente Vicente Fox semanas y meses después del acontecimiento, pues ya está visto que esta página, la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero, ha llegado para quedarse como tinta indeleble en la conciencia y en el ánimo de un país que comprobó con la desaparición forzada de 43 jóvenes y el manto de impunidad que le tendió después, que su clase política y el crimen organizado, tarde que temprano terminan siendo la misma cosa.
Ayotizinapa es y seguirá siendo ahora, nunca un después.
