El 15 de agosto del año 2015, las víctimas ELA, ELA, HML, AHD Y SC originarios de Miahuatlan de Porfirio Díaz y avecindados en la Ciudad de Oaxaca, salieron de esta capital con destino a Tijuana Baja California, con el objetivo de llegar a Estados Unidos de Norteamérica y cumplir con el sueño americano.
Sin embargo a partir del 28 de agosto, familiares de las víctimas empezaron a recibir llamadas telefónicas, una de estas al hermano de una de las victimas quien radica en Estados Unidos, para exigirle VEINTISIETE MIL DOLARES, a cambio de que dejaran en libertad a sus familiares, anunciando que los tenían secuestrados.
La familia, por temor a que ocurriera algo a sus consanguíneos, realizó dos depósitos pero al mismo tiempo pusieron el alerta a la Fiscalía del Estado de Oaxaca, quien intervino de manera inmediata y se enlazó institucionalmente con sus homólogos en Baja California, buscando primero, garantizar la supervivencia de los migrantes cautivos.
Los dos depósitos hechos por la familia fueron cada uno por CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, hechos a dos números de cuenta en “Bancoppel”, uno a nombre de MARIA DEL CARMEN MENDEZ ALVARADO y otro a nombre de LUIS ARGENIS ORTIZ CEBALLOS, los números de cuenta fueron proporcionados por los captores.
El padre de otra de las víctimas también realizó un depósito por NUEVE MIL DOLARES, este desde California, Estados Unidos; pese al total de los depósitos las cinco víctimas aún no habían sido liberadas.
La Fiscalía de Oaxaca inició la correspondiente averiguación previa a través de su Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), a partir de ese momento la familia de las victimas radicada en Oaxaca recibió toda la asesoría especializada en este tipo de situaciones; la averiguación previa finalmente se radicó en la Procuraduría de Justicia de Baja California.
Derivado del trabajo de investigación realizado por la Unidad Antisecuestro de Oaxaca se estableció que las llamadas de los secuestradores provenían del número celular 6645101829 cuya lada corresponde a Tijuana, por lo que la coordinación de trabajo fue con la Unidad de Atención al Delito de Secuestro de la Procuraduría de Baja California, y en trabajo puntualmente coordinado se logró finalmente la liberación de las víctimas y detención de los inculpados mediante un ágil operativo.
