La empresa Eólica del Sur no ha entregado a la población de Juchitán información suficiente para que evalúe el proyecto eólico en la región, a pesar de que los indígenas presentaron al comité técnico –conformado el año pasado por autoridades de Oaxaca y federales para llevar a cabo una consulta– 75 peticiones, y tampoco ha cumplido con las fechas y horarios de las convocatorias a las sesiones y talleres. Tanto la empresa como las autoridades han desestimado el valor de la consulta a las comunidades indígenas, expresaron las agrupaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
En el tercer informe elaborado por ProDesc, Código DH y Poder –conformados en una misión de observación en apoyo a las comunidades indígenas– asentaron que continúan las agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Agregaron que el citado comité, en el que también participa la empresa eólica española, se ha negado a entregar a la comunidad información detallada respecto al proyecto eólico y de la realización de los estudios de impacto ambiental, social, cultural y económico. Ello es fundamental ya que la fase deliberativa no se puede iniciar con información faltante, parcial y limitada.
Destacaron que la negativa a la consulta a la comunidad zapoteca en torno al citado proyecto es una violación a las leyes nacionales e internacionales y una falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, la comunidad presentó, el 24 de abril, una demanda de amparo ante el juzgado séptimo de distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
En la región del istmo de Tehuantepec se encuentran 21 de los 31 parques eólicos, la mayoría de capital español. Las comunidades indígenas han insistido en que la expansión de ellos viola sus derechos humanos, pues no se han sometido a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El proceso de consulta del parque eólico, expusieron las tres agrupaciones de la misión de observación, se inició en noviembre del año pasado, y a partir de entonces se han identificado y documentado diversas violaciones, entre ellas llamadas telefónicas y mensajes de amenaza, así como vigilancia y actos de intimidación en domicilios de luchadores sociales.
Las autoridades de Oaxaca y federales deben garantizar el ejercicio de los derechos de la comunidad zapoteca y generar un mejor modelo para la consulta indígena, concluyeron.
