En el marco de la Conferencia de Procuración de Justicia Sureste, 1ª. Sesión 2015, efectuada este 23 de abril en la ciudad y puerto de Veracruz, el Procurador de Justicia de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruíz, disertó ante la Procuradora General de la República, Maestra Arely Gómez González, Procuradores y Fiscales de la Zona Sureste sobre “La Prueba y los Criterios de los Juzgadores en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
Reunidos en la Fiscalía General del estado de Veracruz, los encargados de la procuración de justicia de esta fracción del territorio nacional, hablaron de los lineamientos sobre criterios en la capacitación, evaluación y certificación de facilitadores, vinculación de las Fiscalías con el Sector Educativo para Proyectos y Profesiones de Informática Forense, Perspectiva Regional de Desarrollo e Implementación de los Estándares de Actuación Policial, Protocolo de coordinación Ministerio Público y Policía; detención en flagrancia; preservación y procesamiento del lugar de intervención, entre otros varios temas.
Al desarrollar su ponencia, Joaquín Carrillo Ruiz, hizo tres propuestas a considerar por las autoridades asistentes al foro:
1.- Instrumentar un Programa Nacional Integral de Capacitación en Técnicas de investigación que integre a todas las corporaciones policiacas del país.
2.- Definir un plan estratégico de capacitación en cada disciplina pericial.
3.- Que Procuradurías y Fiscalías del país, asuman el compromiso de mantener actualizadas las Bases de Datos Criminalísticas del Sistema Nacional.
En su intervención, el Procurador de Oaxaca hablo del avance en la implementación del nuevo sistema penal en el Estado, al ser Oaxaca reconocida con la operación de este modelo de justicia restaurativa, toda vez que a partir del año 2007 este esquema ya opera en las regiones del Istmo, Mixteca, Costa y Cuenca del Papaloapan; a un año de que concluya el plazo Constitucional para la implementación del sistema en nuestro país dijo, resulta de gran importancia reflexionar sobre la relevancia y complejidad de la prueba y los criterios de los juzgadores en el nuevo sistema de justicia penal.
Es de suma importancia tener presente que el sistema de valoración de la prueba cambia en el sistema adversarial, el Código Nacional establece un sistema de valoración libre y en el caso de Oaxaca el Código prevé que el Tribunal debe apreciar la prueba según su libre convicción extraída del debate, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.”
Esta situación impone a los Juzgadores la obligación de sólo valorar y someter a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos por un proceso permitido e incorporado a debate conforme las disposiciones legales, a partir de esto afirmó que esto es el reflejo de una realidad nacional, en la que quienes son parte de las instituciones que procuran justicia, llevan la carga de la prueba durante todas las etapas del proceso.
Debido a que en las primeras etapas del proceso penal el órgano jurisdiccional exige un bajo estándar probatorio que se reduce a “datos de prueba”, para vincular a proceso, en la etapa complementaria de investigación la actividad ministerial no se optimiza para alcanzar los estándares que exige el juicio o debate, que es donde debemos producir las pruebas que acrediten nuestra teoría fáctica, y donde se desnudan las deficiencias que en materia de investigación no hemos superado las instituciones ministeriales, lo que se traduce en sentencias absolutorias que impactan negativamente.
Tales deficiencias en materia de investigación, pueden agruparse en tres rubros, el policial, el pericial y el de información de inteligencia.
Necesidades del sistema acusatorio adversarial
En el ámbito policial es urgente contar con mayores recursos económicos para incrementar el estado de fuerza de las Procuradurías o Fiscalías para conformar grupos especializados de investigación policial con habilidades y destrezas en técnicas de investigación que permitan recabar datos de prueba que sustenten las acusaciones que se lleguen a realizar.
Lo anterior, traerá como consecuencia que los agentes investigadores, en los que el Estado invierte en su orientación y capacitación, reflejen un mejor cumplimiento de sus objetivos y no se sujeten a cambios administrativos que luego los ubiquen en áreas de mero trámite o ajenas a la misma investigación.
Es importante mencionar que quienes conocen en primer término de los hechos delictivos son las policías estatales, preventivas y municipales, mismas que generalmente carecen de capacitación encaminada a la investigación de los delitos, de ahí la relevancia de instrumentar un Programa Nacional Integral de Capacitación en Técnicas de investigación que integre a todas las corporaciones policiacas del país.
En otro rubro está la actividad pericial, de ahí que sea importante continuar con la inyección de recursos para sostener una acusación penal fortalecida, la actividad pericial resulta pieza fundamental dado que los dictámenes son sometidos al sistema de la libre valoración por parte del órgano jurisdiccional.
El experto debe contar con los conocimientos necesarios para explicar la metodología, los principios científicos, el desarrollo y las conclusiones, lo que revelará al órgano jurisdiccional el conocimiento y grado de confiabilidad en su actuar.
Son de fundamental relevancia en materia de investigación delictiva, las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal del Sistema Nacional en materia de detenciones, información criminal, huellas dactilares, teléfonos celulares, entre otros, para el combate eficaz de la delincuencia, “de ahí la relevancia de que las Procuradurías y Fiscalías del país refrendemos el compromiso de intercambio oportuno de información entre sí y con la federación, a lo que nos obliga el contenido de los artículos 109 y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo así nuestro Sistema de procuración de justicia.”
