Frena Subprocuraduría Istmo, extorsión en la región

En diversas regiones del Estado se han registrado, en mayor y menor medida denuncias por el delito de extorsión, hechos que han afectado la economía de las familias y particulares que han sido víctimas de este tipo de engaño, de ahí que en las ocho regiones, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca ofrezca todas las facilidades a los afectados para que denuncien y pueda así proceder la aplicación de la ley.

Hechos:

El día 9 de junio del actual, aproximadamente a las 4 de la tarde la menor víctima, comenzó a recibir mensajes de texto a su teléfono celular, mismos que le realizaba el hoy imputado ISIDORO ORTEGA ÁLVAREZ, en donde le decía que le diera la cantidad de $500.00 (quinientos pesos) pues de lo contrario subiría a las redes sociales un video de la víctima el cual era comprometedor.

Enseguida el indiciado cito a la menor en el hotel ANHE, ubicado en el centro de Matías Romero, región del istmo de Tehuantepec, lugar en donde vive el imputado, refiriendo que en ese lugar le debía hacer entrega del dinero, por lo que la víctima dio aviso a su prima, con quien acudió a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a denunciar este ilícito.

Ante la denuncia, la Subprocuraduría Regional Istmo organizó un operativo con sus elementos investigadores, conjuntamente con la Policía Auxiliar, ahí se logró el aseguramiento del imputado en el momento que recibía la cantidad de $200.00 por parte de la menor.

Vinculación a proceso:

El 16 de Junio del 2014, en el Juzgado de Garantías de Matías Romero, se llevó a cabo la audiencia de término constitucional en contra de ISIDORO ORTEGA ÁLVAREZ, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de EXTORSION, cometida en perjuicio de una menor de edad, en donde el Juez de Garantías dicto AUTO DE VINCULACION A PROCESO en contra del imputado, imponiéndole como medidas de coerción, la garantía de tres mil pesos, la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de salir de su lugar de residencia y la firma quincenal ante el Ministerio público, concediendo cuatro meses para el cierre de la investigación.