SEP no sabe a qué maestros dio de baja

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Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha subrayado que los maestros que han estado fuera de las aulas sin justificación, ya sea por marchas, paros o plantones, ya han sido cesados, lo cierto es que la dependencia oculta cuántos profesores recibieron esa sanción desde la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa.

Hace casi tres meses, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, informó que 500 maestros fueron cesados por ausentarse sin justificación de su labor docente por más de tres días en un mes; sin embargo, evitó entonces dar a conocer un desglose por entidad o detallar la información.

Ante la negativa de brindar la información a los medios de comunicación, a través de una solicitud vía el IFAI, la respuesta de la SEP fue evasiva, al señalar que con base en la descentralización de la educación desde 1992 no cuenta con esos datos y es necesario solicitarlo a cada estado, porque ellos son los responsables de los docentes de su entidad.

Chuayffet Chemor aseguró el pasado 7 de febrero que tenían la cifra de 500 cesados en todo el país por ausentarse de las clases. Luego de que hizo pública esa información, este diario pidió a Comunicación Social de la dependencia el desglose por entidad; sin embargo, dichos datos fueron negados.

No aparecen por ningún lado

Ante la opacidad de la SEP, se hizo una solicitud a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), pero la respuesta de la dependencia fue omisa, al señalar que no contaban ni con el número de maestros cesados en el país y que para obtener esa información había que solicitarla estado por estado.

Lo anterior muestra que la SEP recurrió a la descentralización educativa para evadir la petición de información, a pesar de que hace dos meses el titular de esa dependencia federal anunció con bombo y platillos que tenían el registro de 500 profesores cesados por haber faltados más de tres días sin razones de su ausencia.

La Secretaría respondió a la solicitud de información número 0001100053614 que la Dirección General de Personal y la Unidad de Asuntos Jurídicos hizo “una búsqueda exhaustiva” en las unidades competentes, pero son los estados quienes deben proporcionar esos datos, aunque la SEP tenga registro y conocimiento de ello.

“A partir del año 1992 se descentralizó la educación y la información referente a servicios educativos, que en el caso que nos ocupa se trata de niveles preescolares, primarios y secundarios, pasaron a ser de la competencia de la autoridad educativa en cada entidad federativa”, respondió la dependencia federal.

Según ese acuerdo firmado hace 22 años, sólo el Distrito Federal quedó a cargo de la SEP, a través de la hoy llamada Administración Federal de los Servicios Educativos, pero de esa entidad la Secretaría también omitió ofrecer la información solicitada.

“En ese tenor, se estableció que en términos de la nueva reestructuración, corresponde a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos, bajo las modalidades y tipos de educación, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial”, de modo que pese a haber dado información nacional, negó detallarla por estados.

Sobre los profesores de educación media superior, la Secretaría de Educación Pública informó que “después de una búsqueda exhaustiva en la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Dirección General de Bachillerato, entre otras instancias bajo su cargo, “ningún docente ha sido separado de su cargo, cesado o despedido por haber incumplido la Ley del Servicio Profesional Docente, en el periodo de septiembre de 2013 a febrero de 2014”.

La ley en discordia

La Ley del Servicio Profesional Docente ordena, entre otros:

• Evaluar a profesores, directores y supervisores de educación básica y bachillerato.

• Una estructura con bases jurídicas para el ingreso, promoción y permanencia.

• Terminar con “la proliferación de prácticas indebidas”, como la venta y herencia de plazas docentes.

• Establece condiciones y apoyos para el desarrollo de cada maestro, siendo la evaluación el instrumento jurídico para ser promovido.

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