El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, indicó que sí hay datos para confirmar que el crimen organizado está metido en Michoacán y que las autoridades de dicha entidad son sus cómplices, y no así para aseverar que organizaciones sociales, como la CNTE, están vinculadas con el narcotráfico.
Tras la divulgación de un documento referente a que los grupos de autodefensa, las llamadas guardias comunitarias e incluso, organizaciones sindicales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tienen lazos con la guerrilla y el narcotráfico, el dirigente perredista señaló que si dicho vínculo es real, tiene que verse con mucha responsabilidad y convertirse en una tarea puntual de los órganos de inteligencia del Estado.
Pero enfatizó que estas presunciones no deben ser utilizadas para encubrir o para distraer la atención de algo que a su consideración sí es una trágica realidad, que es que el narcotráfico está completamente implantado en Michoacán y que las autoridades de la entidad se han convertido en copartícipes del crimen organizado cuando no han hecho nada para combatirlo de fondo y erradicar su operación gran parte del estado.
“Mas bien, más que la guerrilla, lo que aparece con bastante claridad, por lo menos con el conjunto de datos que se tienen, es que el narcotráfico o el crimen organizado como lo hemos visto, particularmente en el estado de Michoacán, está metido ahí, y ahí pues son cómplices los que están en el gobierno de Michoacán que no se han atrevido a tomar medidas de fondo junto con el gobierno federal”.
“Entonces yo creo que siendo un tema de tan alta importancia y de tanta trascendencia no debieran mezclarse, y si tienen elementos para decir que la guerrilla está influyendo pues que actúen con las armas del Estado de Derecho en la mano, pero que no quieran utilizar esto para ocultar el papel trágico corrosivo de la acción del crimen organizado en un estado que sigue en descomposición en zonas enteras como es el de Michoacán”, enfatizó.
Finalmente Zambrano Grijalva recalcó que los grupos de autodefensa han proliferado en estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, claramente como resultado de un proceso de casi dos décadas en las que los reclamos de inseguridad y violencia en diversas zonas del país, principalmente indígenas, no han sido escuchados ni atendidos por las autoridades.
