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Aunque los organismos empresariales lograron integrar diversos cambios a las reformas en materia de combate a empresas fantasma y facturas falsas, seguirán insistiendo para integrar precisiones a fin de evitar cualquier interpretación de la ley que afecte a pequeños contribuyentes.
Los cambios a esta ley que equipara la defraudación fiscal con la delincuencia organizada, aprobados por el Congreso la semana pasada y enviados al Ejecutivo federal para su publicación, pueden integrarse a través del Código Fiscal de la Federación, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“No hemos logrado que se establezca que a esta ley no está sujeto un contribuyente que ha declarado impuestos y ha contribuido al erario, sino (que es) para quien se organiza y genera una estructura de delincuencial”, explicó el líder empresarial durante una conferencia de prensa convocada para abordar el tema.
Los representantes empresariales formaron parte de la discusión y análisis de estas reformas y lograron integrar diversos cambios al dictamen, entre ellos que se considerará delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño a erario sea superior a 7,804,230 pesos.
Sin embargo, los empresarios sostienen pláticas con integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para integrar precisiones a la ley a través del Código Fiscal federal que establezcan que la excepción que establece la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada sólo será aplicable a los grupos de personas que se organicen para delinquir de manera permanente y reiterada, y no al contribuyente que cumple con sus obligaciones.
Los cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal se enfocan en equiparar el uso de facturas falsas o la operación de empresas fantasma como una amenaza a la seguridad nacional.
Serán considerados miembros de la delincuencia organizada a quienes, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, establece la reforma aprobada.
