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- Y quién atiende a los 16 trabajadores retenidos
Durante diez días —que para quienes los padecieron se sintieron como un mes— la ciudad volvió a la vieja normalidad de los bloqueos: caos vial, pérdidas económicas, servicios interrumpidos y una autoridad que observa más de lo que actúa. La reciente retirada del plantón de personal PAAE, agrupado en la delegación D-III-4 de la Sección 22, no cierra el episodio; apenas lo deja en pausa.
La primera pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿qué se negoció realmente? El pliego presentado, según versiones de la propia base, estaba compuesto en su mayoría por demandas de carácter estatal y nacional. Es decir, no respondía exclusivamente a un centro de trabajo. Entonces, ¿por qué paralizar una de las arterias más importantes de la ciudad para exigir asuntos que, en teoría, deben resolverse en otras mesas? Cuando la escala de la exigencia no coincide con la del daño causado, la sospecha crece.
La figura de la dirigencia local, encabezada por Diana Fagoaga Canseco, queda en el centro del debate. No por protagonismo, sino por opacidad. En un movimiento donde la transparencia debería ser regla —si es que se habla en nombre de trabajadores—, lo que predomina es el silencio sobre los términos de la negociación. ¿Hubo beneficios concretos para la base o acuerdos selectivos para unos cuantos? La pregunta no es maliciosa; es pertinente.
Más delicado aún es el tema de las posibles responsabilidades legales. Durante el bloqueo, se reportaron retenciones de personal del IEEPO y unidades del transporte público. No son faltas menores. Son hechos que, en cualquier Estado de derecho funcional, tendrían consecuencias. Pero aquí surge otra duda: ¿se negociaron también esas responsabilidades? Y si fue así, ¿qué mensaje se envía a la ciudadanía? Que la ley es negociable cuando la presión alcanza el punto correcto.
La ciudadanía, por su parte, vuelve a quedar en el papel de espectador forzado. Durante días, miles de personas vieron alterada su rutina sin posibilidad de defensa. Comerciantes con pérdidas, trabajadores que llegaron tarde —o no llegaron—, servicios que simplemente no funcionaron. En los hechos, la ciudad también fue retenida. Sin actas, sin denuncias formales, pero con el mismo efecto: la suspensión de la vida cotidiana.
Los resultados, según testimonios internos, tampoco parecen justificar el costo social. Insumos básicos como jabón y papel sanitario, promesas de regularización y, sobre todo, la percepción de impunidad. Si ese es el saldo, la pregunta es inevitable: ¿valió la pena para la base trabajadora? Porque si el beneficio es marginal y el desgaste es colectivo, alguien hizo un mal negocio… o uno muy bueno, pero no para todos.
Al interior del propio movimiento asoma otro conflicto. La relación con la dirigencia de la Sección 22 parece haber quedado tocada. Cuando una delegación intenta operar al margen y fracasa, lo que sigue no suele ser diálogo, sino ajuste de cuentas sindical. Si se concreta el desconocimiento de la representación local, el ciclo podría repetirse: nuevas protestas, más bloqueos, otra vez la ciudad como escenario.
Y en medio de todo, un dato que explica parte del malestar: la compensación económica conocida como S7, alrededor de siete mil pesos mensuales. Para algunos, un logro; para otros, la evidencia de que fueron utilizados como herramienta de presión para beneficios que no necesariamente les alcanzan o no se distribuyen de forma equitativa.
El problema de fondo no es nuevo. Oaxaca vive atrapada en una dinámica donde la protesta sustituye a la negociación institucional, y la autoridad opta por administrar el conflicto en lugar de resolverlo. El costo lo paga siempre la ciudadanía.
Hoy Avenida Universidad esta libre.¿Cuánto tiempo falta para el siguiente bloqueo? Porque mientras no haya reglas claras, la ciudad seguirá siendo rehén de quien decida presionar primero.
