Estado
Nacional
A casi tres años de los hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la Recomendación 09/2026 por la muerte de un menor en una Casa del Niño Indígena en San Miguel Huautla, en la región de Nochixtlán, evidenciando fallas en la supervisión y operación del albergue a cargo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
El caso se remonta al 1 de junio de 2023, cuando el menor fue reportado como desaparecido dentro del albergue y posteriormente localizado sin vida en una cisterna del mismo inmueble. Aunque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación en ese momento, la resolución de la Defensoría se hizo pública hasta abril de 2026.
La DDHPO concluyó que el albergue operaba con personal insuficiente, dejando a una sola persona a cargo de varios menores, lo que impidió advertir oportunamente la ausencia del niño. Además, documentó la falta de controles básicos, como registros de entrada y salida, lo que imposibilitaba conocer con precisión quiénes permanecían en las instalaciones.
Entre las irregularidades, el organismo señaló que existían deficiencias estructurales no reportadas, como la falta de un sistema de bombeo de agua, y que menores eran asignados a tareas de riesgo, como el acarreo de agua en cisternas sin condiciones de seguridad.
También se acreditó que, tras la desaparición del menor, no se activaron de inmediato protocolos de búsqueda, lo que prolongó el tiempo de reacción institucional.
La recomendación incluye la reparación integral del daño a las víctimas, atención psicológica para los familiares, sanciones administrativas a los responsables y la emisión de una disculpa pública por parte del IEEPO.
Sin embargo, la tardanza en la emisión del pronunciamiento abre cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y respuesta institucional ante violaciones graves a derechos humanos, particularmente cuando involucran a población infantil bajo resguardo del Estado.
Como medida preventiva, la DDHPO solicitó un diagnóstico integral del albergue para garantizar condiciones adecuadas de operación, incluyendo personal suficiente y capacitado.
El organismo sostuvo que su intervención busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la protección de niñas, niños y adolescentes, aunque el desfase temporal entre los hechos y la recomendación coloca el caso en el centro del debate sobre la oportunidad de la justicia administrativa en Oaxaca.
