Maestros indígenas arriesgan la vida al cruzar el Río Grande en Usila; exigen construcción urgente de puente

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San Felipe Usila, Oax. Maestros del nivel indígena de la zona escolar número 140 vivieron momentos de alto riesgo cuando el cable que sostiene la panga con la que cruzan el Río Grande de Usila se reventó, mientras se dirigían a impartir clases a las comunidades de Santiago Tlatepusco y San Pedro Tlatepusco.

De acuerdo con el testimonio del magisterio, el accidente ocurrió cuando docentes —acompañados por dos de sus hijos— intentaban cruzar el afluente que comunica a San Felipe Usila con dichas localidades.

Aunque no se registraron pérdidas humanas, el incidente evidenció nuevamente las condiciones de precariedad y abandono en que se encuentran las vías de comunicación en esta región de la Cuenca del Papaloapan.

Los docentes señalaron que diariamente enfrentan trayectos que implican cruzar el río en embarcaciones improvisadas, caminar más de dos horas o depender de transportes inseguros para cumplir con su labor educativa. “Llegar a las comunidades ya representa un desafío físico y un riesgo constante; no podemos esperar a que ocurra una tragedia para que las autoridades actúen”, expresaron.

Ante estos hechos, integrantes de la delegación sindical D-I-319, perteneciente a la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, hicieron un llamado urgente a los gobiernos federal, estatal y municipal para retomar y concluir el proyecto del puente vehicular sobre el Río Grande de Usila, una obra largamente demandada por habitantes y trabajadores de la educación.

En un pronunciamiento público, el magisterio exigió el reinicio inmediato de la construcción del puente que conecte a Santiago y San Pedro Tlatepusco, así como garantías mínimas de seguridad para el tránsito de docentes, alumnos y pobladores de la zona.

“Esta no es una demanda política, sino una necesidad básica de infraestructura para salvaguardar la vida. Es mejor exigir hoy que lamentar mañana”, subrayaron los maestros, quienes insistieron en que la falta de condiciones seguras para el traslado vulnera no sólo el derecho a la educación, sino también la integridad de quienes habitan en la región.