La muerte de Andrea Tamara Balderas Alegría, encontrada sin vida dentro de los separos de la Policía Municipal de Salina Cruz, ha destapado un nuevo escándalo en este puerto del Istmo de Tehuantepec. El caso no solo revive las denuncias de corrupción y abuso de autoridad en la corporación local, sino que pone bajo escrutinio a la administración municipal encabezada por Daniel Méndez Sosa.
Andrea había interpuesto meses atrás una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca contra el ex comisario de Seguridad Pública, Eloy Girón Alcuria, capitán de la Marina, a quien acusó de allanamiento de morada, tortura y violación en agravio de su hija menor, tras un operativo irregular en 2024.
Pese a la gravedad de los señalamientos, el alcalde nunca fijó postura ni informó de medidas concretas contra el ex mando, que permaneció bajo un velo de impunidad hasta ser separado discretamente del cargo.
Ahora, con el deceso de Andrea en condiciones que las autoridades municipales han descrito como un “suicidio”, la indignación ciudadana se ha multiplicado.
Familiares y colectivos feministas cuestionan la versión oficial y exigen que la Fiscalía Estatal investigue bajo el Protocolo de Feminicidio, transparentando cada paso del proceso.
“La justicia no puede seguir escondida tras comunicados ambiguos. Andrea denunció a un mando de la Marina y ahora aparece muerta en custodia municipal. Eso no puede ser casualidad”, expresó una integrante del colectivo Mujeres del Istmo en Resistencia.
En Salina Cruz, un municipio estratégico por su actividad portuaria y energética, se acumulan denuncias sobre abusos policiales, corrupción y pactos de impunidad.
La Fiscalía de Oaxaca ha prometido una investigación “exhaustiva”, mientras la sociedad civil insiste en que este caso se convierta en un punto de inflexión: un recordatorio de que la impunidad, cuando se normaliza, también mata.
Video de entrevista con la señora Ángela Alegría Ramírez, minutos antes de reconocer a su hija.
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