Han transcurrido siete meses desde la publicación del Decreto 24, promovido por el gobernador Salomón Jara Cruz (@salomonj ) y aprobado por la mayoría oficialista del Congreso local.
La medida, presentada como parte de una reestructura institucional, dejó sin empleo a cientos de ex burócratas del gobierno de Oaxaca.
El decreto, vigente desde diciembre de 2024, suprimió estructuras del SPTEIDECEO ( Sindicato de Burócratas ) con el argumento de “austeridad” y “eficiencia administrativa”.
Para los trabajadores afectados, sin embargo, se trató de un despido masivo disfrazado de reforma, ejecutado sin aviso, sin negociación y sin garantías.
“Nos quitaron el trabajo, la antigüedad, los derechos ganados durante años. No hubo indemnización ni alternativa. Solo nos notificaron que estábamos fuera del sistema”, relató una de las trabajadoras despedidas.
Desde entonces, las protestas no han cesado. Denuncian que el decreto tuvo como trasfondo una maniobra política: facilitar la toma del sindicato por una dirigencia afín al gobierno estatal, debilitando la autonomía laboral.
Acusan al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero (@geovanyvasquez )—uno de los redactores del decreto— de haber actuado sin sustento técnico y con un desconocimiento de la legalidad.
Los ex burócratas no descartan intensificar las protestas en el marco de la Guelaguetza, la máxima fiesta cultural del estado. “Este gobierno nos ha invisibilizado, pero no vamos a desaparecer”, advierten.
También señalan presunta complicidad entre el Ejecutivo y el actual comité del sindicato de burócratas, al que acusan de guardar silencio ante los despidos y de haber facilitado la operación política para desplazar a los representantes críticos.
Los ex burócratas han recurrido a instancias judiciales y de derechos humanos para revertir la medida, que consideran violatoria de la Constitución y de tratados internacionales en materia laboral.
Siete meses después, el agravio sigue sin resolverse. Y la inconformidad, lejos de apagarse, se reaviva.
