Organizaciones civiles documentan criminalización, desplazamiento forzado y daños ambientales en esa comunidad mazateca de Oaxaca
La Primera Misión de Observación Civil en Eloxochitlán de Flores Magón confirmó un patrón de violaciones sistemáticas a derechos humanos, persecución judicial y afectaciones ambientales que padecen habitantes de esa comunidad mazateca de la Sierra de Oaxaca.
Durante tres días —del 20 al 22 de junio— 35 observadoras y observadores de distintas organizaciones de la sociedad civil recorrieron barrios, realizaron entrevistas a profundidad y documentaron testimonios que exponen un contexto de criminalización y violencia institucional.
Entre los hallazgos más graves, la misión identificó más de 200 órdenes de aprehensión vigentes contra 56 personas, muchas de ellas indígenas mazatecas, incluyendo docentes, autoridades tradicionales, mujeres organizadas y expresos políticos.
A ello se suman señalamientos de detenciones arbitrarias, prisión injustificada, tortura, desplazamiento forzado y un clima generalizado de miedo y hostigamiento contra quienes defienden la autonomía y el territorio.
“El caso de Eloxochitlán es un ejemplo paradigmático de cómo opera el sistema judicial contra comunidades indígenas que reclaman sus derechos. Se ha violado el debido proceso y se ha criminalizado la organización comunitaria”, declararon integrantes de la Misión en un comunicado conjunto.
Además de la dimensión jurídica y social, las y los observadores señalaron un ecocidio silencioso en la zona: visitaron el río Xangá Ndá Ge, donde constataron el impacto ambiental por la extracción de material pétreo. Se recolectaron muestras de agua para su análisis y se anunció que estos hallazgos se integrarán en un informe multidisciplinario que será entregado a autoridades locales y federales.
En medio de la persistente omisión gubernamental, la Misión urgió a los tres niveles de gobierno a intervenir. “Hay una falta total de voluntad política para frenar las violencias y garantizar justicia. Lo documentado en estos días confirma la desprotección sistemática del Estado hacia esta comunidad”, señalaron.
Como parte del seguimiento, se anunció una segunda fase de observación civil para noviembre. La intención, dicen, es ampliar la documentación e involucrar a más defensoras y defensores de derechos humanos, así como a medios de comunicación.
En tanto, un grupo de observadores permanece en la comunidad ante el riesgo latente de nuevas detenciones. Entre las principales demandas está la libertad total de Maribel Betanzos Fuentes, profesora de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño y una de las 56 personas con órdenes de captura.
