Alfredo Martínez de Aguilar
* En la demanda de amparo, Litigio Estratégico Indígena indicó que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) al resolver el caso Suchixtlahuaca, conocido como Caso de los Chivos, expresó que
es un deber de las entidades federativas crear las salas de justicia indígena.
Litigio Estratégico Indígena, dirigido por el Dr. Carlos Morales Sánchez, se anotó un nuevo hitazo
nacional al ordenar Jueza federal de Chihuahua crear la Sala Indígena al Congreso de ese estado, al
conceder amparo en la demanda elaborada por la AC.
El pasado 23 de abril de 2024, la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua concedió
amparo a una persona indígena rarámuri, conocido como pueblo tarahumara, originaria de
Norogachi, municipio de Guachochi, Chihuahua.
La licenciada Flor Verenisse Gómez Peinado ordenó al Congreso de ese Estado legislar para la
creación de la Sala de Justicia Indígena como un mecanismo para hacer vigente el derecho a la
jurisdicción indígena de las comunidades indígenas.
La demanda de amparo fue elaborada por Litigio Estratégico Indígena A.C. y tuvo como origen la
petición de la persona indígena rarámuri Guadalupe Pérez Holguín ante la ausencia de una Sala de
Justicia Indígena en el Estado de Chihuahua.
Litigio Estratégico Indígena A.C. promovió demanda de amparo contra la omisión legislativa del
congreso chihuahuense, al no existir una Sala de Justicia Indígena en el Estado de Chihuahua que
compatibilizara los derechos de los pueblos indígenas y el derecho estatal.
En la demanda de amparo, Litigio Estratégico Indígena indicó que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) al resolver el caso Suchixtlahuaca, conocido como Caso de los Chivos, expresó que
es un deber de las entidades federativas crear las salas de justicia indígena.
El objetivo fundamental de dicha sala es que funja como un mecanismo de convalidación y
compatibilización de las resoluciones emitidas por las autoridades tradicionales. Y que este deber
proviene del artículo 2º de la Constitución General de la República.
Después de un litigio de varios meses y no obstante que el Congreso de Chihuahua negó los actos
reclamados, la jueza federal concedió el amparo y ordenó al Congreso estatal iniciar, en este
periodo de sesiones, la reforma legal que cree la Sala de Justicia Indígena.
Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena, indicó que la sentencia de
amparo emitida por la jueza federal de Chihuahua representa un precedente importante en favor
de la función jurisdiccional que imparten los pueblos indígenas.
