Con 34 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura local aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Oaxaca, para establecer entre varios lineamientos, una política fiscal ambiental eficiente y efectiva.
Con esta modificación en la ley, promovida por el diputado Sergio López Sánchez, se tiene el propósito de contribuir a la disminución de la contaminación en Oaxaca.
“Garantizar un medio ambiente sano mediante la implementación de estrategias, acciones, programas integrales basados en evidencias científicas para el cuidado del medio ambiente, es nuestro objetivo”, resaltó el legislador en su iniciativa.
Con la reforma aprobada al artículo 25 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Oaxaca, quedó establecido que la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado tendrá la responsabilidad de promover tecnologías orientadas al aprovechamiento racional de los recursos naturales y acelerar la transferencia de dichas tecnologías.
Asimismo, establecer estrategias para el fomento y conservación del patrimonio natural en el estado. Así como realizar las acciones de promoción a fin de incentivar a las instituciones e individuos en el uso de tecnologías ecológicamente sanas, siempre y cuando existan ventajas en el uso de las mismas.
De igual manera, se estableció en el marco jurídico en el artículo 25 Bis que el estado y los municipios diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sostenible.
También les corresponderá otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el ambiente, hagan uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman los costos respectivos.
En dicho artículo también quedó definido que el estado y los municipios considerarán como instrumentos económicos diversos mecanismos, tales como normativas fiscales, financieras y de mercado, con el propósito de que las personas asuman los beneficios y costos ambientales derivados de sus actividades económicas.
“Estos instrumentos buscan incentivar acciones que promuevan el cuidado del ambiente. Esto incluye el uso de estímulos fiscales para fomentar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, así como la consideración de instrumentos financieros como créditos, fianzas, seguros, fondos y fideicomisos dirigidos a la preservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente”, refiere la ley reformada.
