Alfredo Martínez de Aguilar
En un ejercicio de creación de escenarios futuros sobre la crisis de la basura y del agua, advertimos en tiempo y forma que la crispación social acumulada es una peligrosa bomba de tiempo.
La olla de presión está a punto de explotar y amenaza con el surgimiento de estallidos sociales violentos, como ocurre, una vez más, en el basurero municipal capitalino ubicado en Zaachila.
Sin descartar razones políticas, en el marco del actual proceso electoral, la desesperación de los habitantes de la zona metropolitana se ha hecho extensiva a los Cárteles de la Basura y del Agua.
El detonador de la crisis de la basura fue el cierre del tiradero municipal a cielo abierto el 8 de octubre de 2022, donde depositaban sus desechos 25 municipios de la zona metropolitana.
Como en muchos casos se trató de una crisis prefabricada por la ilegal y, por tanto, arbitraria decisión del presidente municipal de la Villa de Zaachila, Carlos Rigoberto Chacón Pérez.
Aun cuando el munícipe de referencia carece de facultades legales para tomar una acción de esa naturaleza, la omisión, negligencia y complacencia del alcalde capitalino la convalidó, de hecho.
Al guardar silencio por razones político-electorales futuras, Francisco Martínez Neri, se convirtió abiertamente en cómplice de su compañero edil y correligionario de Zaachila, Rigoberto Chacón.
No obstante la escandalosa impunidad para sancionar los delitos comunes y federales, Martínez Neri está obligado a cuidar el patrimonio del Municipio de Oaxaca de Juárez, que no es suyo.
Criminal decisión, totalmente ilegal, ya que las 16.74-96.27 hectáreas fueron expropiadas desde 1985 a favor del Municipio de Oaxaca de Juárez y no de la Villa de Zaachila, hace ya 37 años.
Con el cierre del tiradero a cielo abierto, Chacón lanzó “fuego amigo” contra sus compañeros presidentes municipales del Movimiento de Regeneración Nacional en la zona metropolitana.
De manera particular, provoca grave daño al ambiente, a la salud y a la imagen política y gobernabilidad municipal de su correligionario de la capital oaxaqueña, Francisco Martínez Neri.
Por otro lado, decenas de transportistas del sindicato Confederación Joven tomaron por asalto la noche del miércoles el basurero municipal, ubicado en la Colonia Guillermo González Guardado de Zaachila.
Aseguraron que cuentan con autorización del Gobierno del Estado de Oaxaca con el propósito de depositar los residuos sólidos urbanos que recolectan sus agremiados de manera particular.
Los intereses oscuros en juego son de tal dimensión y magnitud que, incluso, han provocado la ejecución del encargado del centro de transferencia, Óscar Omar Castellanos Ángel, “La Cachorra”.
El mismo riesgo creciente de violencia social existe en el caso del organismo público Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA) ante la grave falta de agua.
Urge la intervención de la Defensoría de Derechos Humanos para que se investigue, si las pipas son de políticos, funcionarios y exfuncionarios, y si se surten de agua en pozos de SOAPA. ¡Sería un crimen!
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