En sesión ordinaria, el Pleno Parlamentario de la 65 Legislatura, aprobó el proyecto de decreto por el cual, se reforman diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.
La iniciativa tiene por objeto ampliar el margen de actuación de las autoridades de la Administración Pública Estatal y Municipal. Por medio de esta adición al texto legal, se incorporará dentro de la legislación oaxaqueña la figura jurídica denominada de la “Revisión Administrativa de Oficio” como una facultad discrecional para las autoridades.
“Con ello, se busca salvaguardar la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los actos emitidos por las autoridades en el ejercicio de la protestad administrativa. Asimismo, se prevé que este nuevo mecanismo garantice y funcione como un medio de tutela de los derechos humanos de las y los administradores, frente a los entes públicos”, explica el decreto.
En materia de democracia y participación ciudadana, el Pleno Parlamentario aprobó el decreto por el cual se deroga el artículo 28 Bis de la Ley del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, con este cambio se propone quitar la facultad de que si no se nombra por el senado un magistrado esta persona seguirá desempeñando su cargo.
Las y los integrantes de la 65 Legislatura, avalaron los cambios a los cabildos de los municipios de San Juan Colorado, Jamiltepec, San Jacinto Amilpas y San Andrés Yaa, Villa Alta, mismos que fueron ratificados por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios.
Por otra parte, se aprobó el acuerdo parlamentario por el que se designa a la diputada Elvia Gabriela Pérez López del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como tercera secretaria de la Mesa Directiva de la 65 Legislatura.
Asimismo, se emitió la convocatoria para los jóvenes de 15 a 29 años que deseen participar en el Congreso de las Juventudes del Estado de Oaxaca. El registro se podrá realizar del 2 al 16 de agosto, donde se seleccionarán 42 participantes.
Durante la sesión se aprobaron siete puntos de acuerdo como de urgente y obvia resolución en materia de salud, justicia, seguridad, mujeres e igualdad de género, medio ambiente, biodiversidad, energías y sostenibilidad.
