Alfredo Martínez de Aguilar
(A mi amigo-hermano Germán Simancas Bautista por el sensible fallecimiento de su amada hermana Carmelita. Un abrazo fraterno y solidario a toda su familia y amigos. Descanse en paz)
Cada día es más insistente el creciente reclamo de diversos sectores y actores políticos del gobierno de Estados Unidos en demanda que se declare terroristas a los cárteles del narcotráfico.
A esta preocupación se sumó el Arzobispo Pedro Vásquez Villalobos al pedir a padres y madres evitar que sus hijos pierdan su libertad esclavizados por el alcohol, las drogas y el narcotráfico, y se vuelvan asesinos.
En su homilía, con motivo del inicio de la Semana de la Familia, advirtió que cada día el ambiente está peor. Los jóvenes envenenan a otros jóvenes y se organizan en pandillas para llenar de miedo y destruir a la sociedad.
No falta razón a Monseñor Vásquez Villalobos a la luz de los infernales hechos de violencia con el descuartizamiento de niños y asesinato de niñas y adolescentes por sus padres, por el consumo masivo de la droga “cristal”.
Cuando cualquier gobierno en el mundo se convierte en un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, este golpea con todo su poderío. Y México lo es por el trasiego de fentanilo a EU.
Diversos congresistas y altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos lo demandan desde que en 2019 el presidente Donald J. Trump ofreció ayuda a AMLO para combatir a los carteles mexicanos.
El Congreso de Estados Unidos prevé autorizar al presidente Biden a utilizar a las fuerzas armadas en México para intensificar el combate a los cárteles que trafican millones de dosis de fentanilo.
El Congreso de EU busca declarar “terroristas” a los carteles de la droga mexicanos, especialmente al de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y que se autorice tecnología militar para combatirlos.
El representante de Texas, Dan Creenshaw presentó una iniciativa, publicada en enero, para intensificar el combate a los cárteles que trafican fentanilo y que causan cientos de miles de muertes.
La propuesta señala, además de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y sus miembros, al Golfo, Zetas, Noreste, Juárez, Tijuana, Beltrán Leyva, Familia Michoacana o Caballeros Templarios.
La acusación de considerar terroristas a los cárteles se extendería a quienes colaboren con estos. Por ejemplo, los vendedores locales de drogas o, incluso, los adictos que sean sus clientes.
Fiscales de 21 estados de EU piden a Biden declarar a cárteles mexicanos terroristas. Afirman que los cárteles mexicanos “amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos” más allá del daño que causa la droga.
La oficina del promotor de la iniciativa, el fiscal Jason S. Miyares, de Virginia, informó en un boletín que “la inhabilidad del gobierno mexicano” para controlar a estos grupos “es una amenaza a nuestra seguridad nacional.
En su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado de EU, el fiscal general Merrick Garland dijo que no se opondría a que el Departamento de Estado de EU declare a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas.
Anteriormente, en septiembre del año pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró a los cárteles mexicanos como “grupos terroristas” con argumentos similares al de los 21 fiscales estadunidenses.
Si este reclamo es ya de suyo grave para el pueblo y gobierno de México, lo es más para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, sus familiares, amigos y más cercanos colaboradores.
Las agencias de seguridad estadunidenses tienen ampliamente investigados y detalladamente documentados los presuntos vinculados del primer círculo del poder nacional con el narcotráfico, como en el caso de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.
A estas investigaciones, como el Operativo Agave Azul, no escapan gobernadores e integrantes de sus gabinetes legales por sus probables nexos con los diversos carteles del narcotráfico en México.
De manera recurrente se acusa a estos políticos del partido en el poder, federal y estatales, de financiar las campañas político-electorales a gobernadores, senadores, diputados federales y locales y presidentes municipales.
El presidente López Obrador no debe olvidar jamás el infierno que vivió el dictador Manuel Noriega, al ser invadida Panamá el 20 de diciembre de 1989, para capturarlo por narcotraficante.
La acusación de la Justicia estadounidense por narcotráfico contra el “hombre fuerte” de Panamá desató la Operación Causa Justa, durante la administración del presidente George H. W. Bush.
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
