La Jornada
Ante los gobernadores del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó ayer, en la 48 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), a revisar el trabajo de las fiscalías estatales que no actúen con rectitud, reivindicó su estrategia de seguridad y destacó el empeño de las fuerzas federales para garantizar la paz, mientras que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseveró que los resultados confirman que el camino es el correcto y que la pacificación de México es posible.
Rodríguez delineó las cifras que, desde su perspectiva, muestran que hay resultados: en comparación con diciembre de 2018, cuando comenzó el gobierno de López Obrador, y hasta octubre de 2022, los delitos del fuero federal bajaron 27.3 puntos porcentuales; los feminicidios, 20.8; los secuestros, 68.1; los robos, 18; el robo de combustibles, 92.2 y los homicidios dolosos tienen una tendencia a la baja desde el segundo semestre de 2021 y se estima que hacia fin de mes se tendrán 22 por ciento menos víctimas que el máximo histórico de julio de 2018.
Más temprano, en la conferencia mañanera, la funcionaria reportó que el gobierno federal negoció un descuento de 41 mil 496 millones de pesos con los empresarios a los que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y hoy acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, otorgó la construcción y operación de ocho penales federales.
Rodríguez explicó que cuando empezó su gestión en la SSPC, se debía pagar por las cárceles privatizadas 276 mil 619 millones hasta el final de los contratos, que contemplan pagos hasta 2032, lo que implicaba que la manutención diaria de cada recluso costaba al Estado hasta 6 mil pesos. “Era como si estuvieran hospedados en hoteles de cinco estrellas”, comentó López Obrador.
El pago bajó a 235 mil 123 millones tras negociar con los empresarios contratados por García Luna, respecto a algunos de los cuales el presidente López Obrador dijo que están relacionados con medios de comunicación.
La funcionaria reconoció que con todo y el descuento pactado, el costo de la manutención de los presos sigue siendo oneroso en algunos casos, aunque no explicó en cuáles. En el sexenio de Calderón se aseguró que mantener a cada reo en estas cárceles –en cuyas contrataciones hubo un sobrecosto injustificado de 41 mil millones de pesos, según estimó en 2018 la Auditoría Superior de la Federación– costaría sólo 230 pesos diarios.
Uno de esos penales federales, el de Papantla, fue inaugurado en el tiempo de García Luna, aunque no se había concluido. “Se dio como que había sido echado a andar, pero eso era falso, a la fecha no se ha terminado”, dijo Rodríguez, quien agregó que la empresa responsable se ha comprometido a que esté listo en marzo o abril de 2023.
En la sesión del CNSP, que se realizó en la Heroica Escuela Naval Militar en este municipio, y con la presencia de 30 de 32 mandatarios estatales –no asistieron los panistas de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y de Chihuahua, María Eugenia Campos, ni tampoco el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien se enfermó–, López Obrador destacó que aquellos fiscales locales que no actúan con legalidad representan “un obstáculo” para avanzar hacia la paz.
“Pueden llegar a acuerdos con la delincuencia y está probado que cuando los fiscales no actúan con rectitud se nos disparan los índices delictivos.”
Enumeró cuatro puntos básicos para actuar contra la criminalidad y combatir la violencia que aqueja al país: garantizar el bienestar del pueblo, impedir la corrupción, la perseverancia y el trabajo coordinado de todas las autoridades.
Llamó a considerar que aun cuando hay policías estatales y municipales honestos, para ellos es muy riesgoso cumplir con su deber, debido a que en los municipios se sabe –incluida la delincuencia organizada– dónde viven los efectivos locales y quiénes son sus familiares.
“Y se aplica desgraciadamente la máxima de plata o plomo, o los coptas, y se ponen al servicio de la delincuencia, o los agreden”, indicó.
“Entonces el que se tenga la Guardia Nacional permite que haya más profesionalismo y se pueda evitar la coptación de los policías municipales, inclusive de policías estatales”. Esto, sostuvo, “no es militarización, es sumar esfuerzos para proteger a la gente”.
La secretaria Rodríguez informó que se han decomisado 5 mil 488 kilogramos de fentanilo, mil por ciento más que en los últimos tres años del sexenio pasado, lo que ha dejado una afectación a la delincuencia organizada por más de 43 mil 534 millones de pesos; se han incautado 96 mil 933 kilogramos de cocaína, 128 más que en la pasada gestión, con una merma a los delincuentes por más de 23 mil 66 millones de pesos.
Se han decomisado 33 mil 416 armas de fuego, más de 17 millones de cartuchos y 2 mil 344 granadas, así como más de 77 mil unidades de transporte y han sido aprehendidos más de 65 mil delincuentes, 6 mil 385 de los cuales están relacionados con la delincuencia organizada, y de ellos 2 mil 421 son objetivos prioritarios de todos los grupos delictivos.
El anfitrión del acto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, planteó la necesidad de revisar el trabajo de los fiscales que con sus actuaciones no abonan a la justicia. Y subrayó dos ejemplos: Morelos y Guanajuato.
