Milenio
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Oaxaca cumplir con las leyes que protegen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como garantizar su acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas denunciaron que las mujeres oaxaqueñas continúan enfrentando obstáculos para ejercer su derecho a decidir, pese a que el Código Penal estatal permite la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de gestación y de las modificaciones legislativas, efectuadas recientemente, que garantizan atención médica gratuita para tal fin.
De acuerdo con información de los Servicios de Salud de la entidad, actualmente quienes solicitan la interrupción legal del embarazo solamente pueden hacerlo en el Hospital General “Aurelio Valdivieso” o en la Clínica de la Mujer, ambos ubicados en la capital del estado, lo que obliga a las mujeres de los 569 municipios restantes, que requieran dicho servicio, a trasladarse a Oaxaca de Juárez.
CNDH solicita medidas cautelares para proteger a activistas en San Luis PotosíCNDH emite recomendación a Fiscalía de Yucatán por muerte de José Eduardo Ravelo Ante ello, la CNDH consideró necesario que la Secretaría de Salud estatal implemente las medidas las cuales permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos humanos, en particular el relativo a decidir sobre sus cuerpos, y ponga en marcha las acciones pertinentes para que todo el personal médico se abstenga de incurrir en conductas discriminatorias contra quienes soliciten la interrupción legal del embarazo.
Del mismo modo, recordó que todas las personas tienen el derecho a decidir libre y responsablemente sobre su vida reproductiva, ejerciendo una sexualidad plena y sana, por lo cual reitera el llamado a las autoridades de salud del estado para cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución local y erradicar la discriminación en razón de género y etnia en contra de las mujeres que requieran la ILE y que su actuación sea conforme a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declara inconstitucional la criminalización del aborto.
