Gobernadoras

Uriel Pérez García

La carrera hacia la sucesión gubernamental iniciada desde hace algunos meses comienza a dar pasos acelerados ante el cronómetro electoral que marca la cuenta regresiva para la definición de candidaturas sin dejar de lado el “debate” que suscita la postulación de candidatas y no de únicamente candidatos como se ha suscitado en procesos anteriores.

Lo cierto es que la definición genera especulaciones y movimientos que desde el interior de los partidos, como ha sido costumbre, buscan impulsar candidaturas que privilegien más el interés de los distintos grupos internos que el cumplimiento al derecho constitucional de las mujeres de participar en condiciones de igualdad en la postulación a cualquier puesto de elección popular, así como en la integración de todos los poderes públicos y niveles de gobierno, establecido en la reforma de 2019.

Con la llamada reforma de “paridad en todo” se estableció que los poderes legislativos tendrían que emitir la regulación correspondiente para fijar las reglas que hicieran posible aterrizar en los hechos el mandato constitucional que garantiza la participación igualitaria y paritaria en todas las candidaturas, incluyendo obviamente a la titularidad del poder ejecutivo de las entidades, situación que no ha ocurrido hasta este momento y que puso en jaque a las autoridades electorales desde el proceso pasado.

En este sentido, en las pasadas elecciones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentó un precedente importante al vincular de manera directa a los partidos políticos para que postularan a cuando menos 7 mujeres como candidatas de las 15 gubernaturas a renovarse en el presente año, lo anterior luego de que el INE emitiera lineamientos en la materia y que estos fueran impugnados por los propios partidos alegando invasión de competencia de la autoridad electoral en la esfera legislativa.

De modo que con dicho precedente, en agosto pasado nuevamente el INE emitió los lineamientos correspondientes para la postulación paritaria de candidaturas en las 6 entidades que renovarán titularidad del ejecutivo, para que en cuando menos 3 se postulen mujeres como candidatas independientemente de las alianzas o coaliciones que los partidos establezcan en cada entidad, así como de sus mecanismos de elección interna que implementen.

En los hechos no queda duda que desde las reglas internas se intentará minar el camino hacia la postulación paritaria, como resistencia del viejo esquema político patriarcal de mantener los espacios de decisión, sin embargo el margen es completamente reducido puesto que ante cualquier incumplimiento a dicho principio de paridad seguramente las candidaturas serán anuladas.

El escenario que se visualiza en las próximas semanas para Oaxaca y los demás estados que celebran elecciones el 5 de junio de 2022, será complejo; se intensificarán las maniobras en la disputa interna sobre todo en aquellos partidos con mayores posibilidades de triunfo en cada estado, lo que seguramente llevará a las descalificaciones y el juego sucio que también puede constituir violencia política contra las aspirantes.

No resultará extraño que como hemos visto en los últimos días, los partidos políticos realicen jugadas que van desde la postulación exagerada de aspirantes con mínimas posibilidades, pero con la intensión de confundir y dividir las preferencias, hasta la ausencia de procesos claros que aseguren una definición discrecional y garantizada a quien ponga más cartas sobre la mesa que por una verdadera elección democrática interna.

Lo cierto es que la realidad ha dado al traste con esos viejos esquemas de definiciones políticas que aún se resisten a desmoronarse para dar paso a una democracia inclusiva, por lo que si no es de esperarse que exista auténtica vocación y voluntad política para no incurrir en las longevas prácticas que puedan dejar fuera de la carrera las por demás legítimas aspiraciones de mujeres, corresponderá a las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales garantizar el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres.

En la definición de candidaturas no debe prevalecer en absoluto los caprichos y maniobras políticas por encima del ejercicio del derecho fundamental de las mujeres de competir en condiciones de igualdad, pues Oaxaca y México merecen transitar hacia un verdadero cambio de régimen, en el que los valores, principios y la práctica, dejen atrás la política reservada solo para el agonizante partriarcado.