CARTA ACLARATORIA

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A LA OPINIÓN PÚBLICA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Y SOCIEDAD EN GENERAL.

Oaxaca de Juárez Oax. 16 de octubre de 2021. Ante la difusión de información a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, me veo en la necesidad de exponer lo siguiente, todavez que he sido víctima de una tergiversación de información personal en un claro conflicto de intereses.

Quiero precisar con amplia franqueza, sinceridad y con documentos publicos que respaldan mi dicho, mi situación personal:

1.- En primer término, niego categóricamente que adeudo la cantidad de $499 mil pesos a mis hijos por pensión alimenticia, la suscrita fui absuelta del pago de pensión alimenticia definitiva de mis hijos mayores de edad Adrián G.H.B y José Luis. H.B., esto mediante sentencia de fecha 5 de diciembre de 2019 y reiterada en sus términos en sentencia de fecha 26 de mayo de 2021, dentro del toca familiar ***/2019, por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, esto en virtud que mis hijos mayores de edad Adrián G.H.B y José Luis. H.B., no justificaron la necesidad de percibir una pensión alimenticia, aunado a que son mayores de edad, durante el tiempo que duró el juicio, 7 años, siempre acate en sus términos todas las determinaciones judiciales, cumplí puntualmente con el pago de alimentos, por lo que niego categóricamente que sea por “presunto influyentismo”, como falsamente lo asevera diversas notas periodísticas.

Fotos de la sentencia…

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2.- No aceptó las ventilaciones excesivas en contra de mi persona y de mi vida privada, por parte de algunos medios de comunicación y de reporteros, quienes han publicado que soy morosa de pensión alimenticia, lo cual es falso, y atenta en mi honor, imagen, reputación y vida privada, así como vulnera mi derecho humano a la intimidad y dignidad, además de que difundir mis datos personales y los de mi hijo Marco Antonio H.B. sin reservar nuestra identidad es una notoria violación a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, precisando que la suscrita que nunca he otorgado mi consentimiento para la publicación de mis datos personales, por lo que la información contenida en las notas resulta ilícita.

3.- Reitero que la suscrita al ser mujer, madre, servidora pública, comprometida con mis principios, funciones y normas, las acusaciones que realizan son totalmente falsas, reiterando que la suscrita siempre acato las normas jurídicas y a los ordenamientos legales que nos rigen, siendo una profesionista responsable y congruente con las obligaciones que como madre y servidora pública desempeño.

4.- Respecto al señalamiento de que he influido en las decisiones de los jueces del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, manifiesto que esta aseveración es falsa y carente de toda verdad, ya que, como se puede demostrar en las fechas contenidas en el expediente, este juicio ha demorado más de siete años para resolverse, y en todas las etapas se han acudido a las instancias correspondientes.

5.- También es falso que yo haya ordenado a los jueces el monto de la pensión que se le ha pagado a mis tres hijos. Como juzgadora que soy, respeto la independencia de los órganos jurisdiccionales.

6.- No escapa que, en los momentos más álgidos del proceso electoral, en cuanto a la actividad jurisdiccional, me ataquen de esa manera a mi persona, con una clara intención de inhibir mi trabajo.

7.- Todo esto se traduce en una violencia política contra la mujer en razón de género, al estar difundiendo información falsa, y con ello pretender desprestigiar mi trayectoria como juzgadora. BASTA YA, ALTO A LA VIOLENCIA, NI UNA MUJER MÁS SIENDO VIOLENTADA.

8.- Aclaro: mis cuestiones y decisiones personales acerca de mi vida privada, nada tienen que ver con las funciones públicas que me competen dado el cargo que ostento.

9.-No acepto las presiones, máxime cuando tienen el objeto de contaminar mi envestidura profesional por lo que que exhorto respetuosamente a los  medios de comunicación se abstenga de  difundir información falsa en torno a mi persona e imagen, que no se encuentre basada en el respeto y observancia a los derechos humanos que tutela nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables.