Funcionarios públicos, políticos del PAN, PVEM y policías entre los deudores alimentarios de Oaxaca

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Maribel Martínez/RIOaxaca


Oaxaca de Juárez. Integrantes de diversos colectivos feministas colocaron este miércoles su “Tercer tendedero de deudores alimentarios”, en las instalaciones del Congreso del Estado.


Esto en el marco de la aprobación de una serie de reformas al Código Civil que permitirá la creación de un Padrón de Deudores Alimentarios Morosos.


Las inconformes exhibieron a más de 300 mil deudores alimentarios los que podrían existir en el estado de Oaxaca.
Las activistas denunciaron que magistrados y jueces del Poder Judicial protegen a los deudores alimentarios, por lo que llamaron a los representantes de la Ley acatar lo que se les mandata.


En su lista exhibieron a José Elpidio Altamirano López, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Oaxaca ante el consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), por amenazas contra la madre de su hijo de ocho años, luego de que ésta lo exhibió en un tendedero virtual de deudores alimentarios.


Adolfo Sánchez López, presidente de la Organización para el Bienestar de los Pueblos del Estado de Oaxaca (OBPEO), Daniel García García, quien desde el 2002 dejó de dar pensión para su hija, ahora de 21 años de edad.


En su lista también destaca el excandidato del Partido Unidad Popular (PUP) a la presidencia municipal de Matías Romero, Israel Gallegos Soto, Alejandro Facio M., quien fuera representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), entre otros.


Las feministas celebraron que se dé la aprobación de las reformas al Código Civil a fin de que todos aquellos varones que son deudores alimentarios asuman su responsabilidad y cumplan con el pago de la pensión alimenticia.


Datos:


La reforma al Código Civil impedirá a los deudores alimentarios la adopción y poner limitantes para contraer matrimonio, así como la restricción de acceso a créditos bancarios o proveedurías de gobierno.


La reforma también acorta el tiempo de tolerancia para quienes adeudan, establece que el Padrón de Deudores Alimentarios Morosos sea público y que integre a empleadores que incumplan una orden de descuento para alimentos ordenada por la autoridad judicial.