Uriel Pérez García
En los últimos años se ha puesto en la agenda pública la urgencia de combatir la corrupción como uno de los principales males que aquejan a nuestro sistema político, de tal forma que se han realizado diversos esfuerzos principalmente desde la sociedad civil para impulsar una serie de mecanismos que permitan hacer frente a dicha problemática.
Si embargo, hay que dimensionar que la corrupción entendida como este uso y abuso del poder público y de los recursos públicos en beneficio de particulares, no se construye de manera aislada, sino que se va tejiendo por medio de redes que se construyen desde diferentes espacios, incluyendo el privado, y que va desde el soborno o cohecho, el tráfico de influencias, utilización indebida de la información y hasta el desvío de recursos.
En este sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) constituye un esfuerzo sin precedentes para combatir este problema que se ha vuelto cada vez más preocupante no solo por los costos económicos que implica, sino además por esta acentuación hacia la desconfianza y la crisis de legitimidad en las instituciones del Estado y las inevitables consecuencias que esto trae en la gobernabilidad democrática.
Dicho sistema tiene la particularidad precisamente de configurarse a partir de una serie de partes que deben funcionar coordinadamente, es decir como un engranaje perfecto que permita su adecuado funcionamiento, de modo que todas las atribuciones establecidas a cada entidad encargada de la vigilancia del uso de los recursos públicos, no realice esfuerzos aislados, sino que sean capaces de generar sinergias, o como comúnmente se dice cerrar filas frente a la corrupción.
No obstante aquí precisamente es donde estriba uno de los principales retos del SNA, puesto que las instituciones que lo conforman no han sido capaces de trabajar de manera conjunta y coordinada lo que se puede explicar a partir de tres problemas esenciales identificables en las siguientes esferas: la administrativa, la política y la social.
En el aspecto administrativo, no ha sido posible consolidar una profesionalización del servicio público como elemento esencial que permitiría tener mejores cuadros que incentiven la eficacia y la eficiencia en la administración pública y que repercuta además en la mejora de los procesos de evaluación que tienen a cargo las entidades de control interno y externo, lo que es fundamental para identificar aquellas redes que conforman la corrupción en nuestro país.
Desde la perspectiva política, existe actualmente un contraste marcado en cuanto a que el combate a la corrupción ocupa un lugar importante en la agenda gubernamental pero que en términos operativos no ha encontrado el cause adecuado para frenar este fenómeno. De manera paradójica el SNA ha quedado al margen del combate a la corrupción en el sentido de que no se le da la importancia necesaria desde la perspectiva que representa una oportunidad real de coordinación interinstitucional.
Contrario a lo anterior se busca mermar el margen de actuación institucional de algunos entes como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que en el discurso ha sido señalado de ser un ente que no tiene la relevancia como para su permanencia junto con otros organismos autónomos. Por otra parte la Secretaria de la Función Pública se ve cada vez más supeditada al ejecutivo cuando debería tener un mayor margen de maniobra para la vigilancia de la actuación de los servidores públicos.
Por último, pero no menos importante está la esfera social, en la que hay una percepción ciudadana de que poco se está haciendo para combatir la corrupción más allá del discurso y aquí se incrusta incluso al mismo SNA que no ha sido valorado en su justa dimensión, precisamente porque no se tiene claridad de su funcionamiento, es decir a la ciudadanía no se le ha acercado la información necesaria que permita la valoración de este sistema de coordinación y sobre todo la importancia del papel que juega la ciudadanía en dicho sistema.
En este contexto, la ciudadanía debe consolidarse como la piedra angular del SNA, así como de los Sistemas Estatales de Combate a la Corrupción, puesto que nos queda claro que desde la esfera gubernamental, se tienen arraigadas las viejas prácticas del uso discrecional del poder y los recursos públicos, aun no se logra entender que lo público es eso, un bien colectivo, que debe responder los intereses de toda la sociedad y no a la captura de grupos económicos o partidos políticos.
