La Jornada
La presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, diputada Magaly López Domínguez, propuso este miércoles al Congreso de Oaxaca un exhorto al Tribunal Superior de Justicia del estado para que ordene la liberación inmediata del indígena ecologista Pablo López Alavez, defensor del derecho humano al medio ambiente.
“La petición consiste en que el Tribunal cumpla con la Opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como parte de las obligaciones del Estado mexicano en su carácter de miembro del Sistema Universal de Derechos Humanos”, dijo Magaly López en tribuna.
En la sesión ordinaria, la diputada de Morena explicó que el indígena ecologista Pablo López Alavez, zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, permanece preso desde hace diez años porque su comunidad tuvo el valor de defender los bosques, aun a costa de confrontarse con la cabecera municipal, un bastión de Antorcha Campesina.
Esa organización “ha contado con el apoyo de todo el aparato gubernamental para mantener en prisión a un defensor de derechos humanos”, expresó Magaly López.
Recordó que, en junio de 2017, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas declaró arbitraria la detención y en consecuencia solicitó al Estado mexicano su liberación inmediata, lo que no ha sucedido.
Para el Grupo de Trabajo, citó la legisladora, “el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento del Sr. López Alavez es su actividad como defensor de los derechos humanos de su comunidad, en materia de derechos ambientales. Esto viola su libertad de expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos”.
Después de un largo andar jurídico, agregó, un último fallo judicial fue recurrido, pero a la fecha dicho recurso no tiene asignada ni sala, ni número de Toca Penal, después de cinco meses de haberse interpuesto.
El defensor de derechos humanos lleva diez años y siete meses en prisión, por lo que Magaly López consideró urgente que el Poder Judicial del Estado tome en cuenta las pruebas que debieron ser desestimadas por graves irregularidades procesales, mismas que fueron documentadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
“Es urgente que el Poder Judicial valore las pruebas a la luz de que fueron construidas de manera ilegítimapor funcionarios que formaban parte de un sistema corrupto, interesados en hacer escarmentar a quienes defienden los bienes comunes, a quienes defienden el derecho humano al agua, al medio ambiente sano, a quienes defienden el derecho humano a la vida, por encima de los intereses económicos”, expresó.
La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
