Tren Maya: comunidades indígenas obtuvieron suspensión definitiva de obras del Tramo 2 del proyecto de AMLO

Infobae

Un grupo de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el sureste de México, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron una suspensión definitiva del Tramo 2 del Tren Maya.

Como efecto de la suspensión no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto mencionado, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche, hasta que se resuelva el amparo presentado, un nuevo revés en los juzgados para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que el Tren Maya es, entre otros como el Aeropuerto de Santa Lucía en las afueras de la Ciudad de México y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, uno de los proyectos prioritarios y representativos de la actual administración.


“Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general”, informó el Cemda (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) este lunes.

Esperamos que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto
De acuerdo con Cemda, que dio a conocer la suspensión definitiva obtenida por las comunidades y organizaciones civiles, las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Presidencia de la República.

Pero también deberán acatar la suspensión el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).


Además, el Cemda detalló que, con relación a la reciente Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya, otorgada por Semarnat a Fonatur TM, tampoco podrán realizarse obras para dicha fase, “toda vez que dentro de ésta se incluye obras nuevas en el tramo 2 de Escarcega a Calkiní”, las cuales fueron suspendidas definitivamente hasta resolverse el amparo.

“El colectivo de personas y organizaciones que interpusimos la demanda de amparo decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos”, señaló expresó el Cemda junto a las organizaciones civiles Indignación (Promoción y Defensa de los Derechos Humanos) y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.

Dichas violaciones, detallaron, tienen que ver como el acceso a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, “ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya”.


“Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de nuestros derechos humanos”, pidieron.

Asimismo, solicitaron “respetuosamente” a la autoridad judicial para que “actúe con mayor diligencia en este caso”, ya que en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán, de acuerdo con el Cemda, “están ocurriendo muchas dilaciones procesales”.

“Existe una tardanza generalizada en la admisión de las demandas entre cuatro y seis meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables”, alertaron.


En este sentido, las organizaciones señalaron que “resulta indispensable que el Poder Judicial de la Federación se erija como un verdadero órgano protector de los derechos humanos que garantice el acceso a la justicia y la generación de condiciones que permitan a los pueblos, comunidades y a cualquier ciudadano impugnar las violaciones que se derivan de este proyecto”.

Por último, desde el Cemda hicieron un llamado a las autoridades para que garanticen el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales a ejercer su labor y a actuar a fin de que cesen los ataques de los que han sido objeto por oponerse al Tren Maya.

“Desde que se inició este proceso de defensa, los involucrados, tanto en casos individuales como colectivamente, hemos sido blancos de ataques, amenazas, deslegitimación y criminalización por el mero hecho de oponernos a este proyecto”, concluyeron.