La Jornada
Miles de franceses comenzaron a salir este sábado a las calles para denunciar un proyecto de ley sobre seguridad, considerado como una mordaza por sus detractores, en un país impactado por un nuevo caso de violencia policial que ha puesto al gobierno en un aprieto.
En el centro de las protestas figuran tres artículos del proyecto de ley Seguridad global que recibió la luz verde de la Asamblea Nacional la semana pasada, y que enmarca la difusión de la imagen de la policía, el uso de drones así como imágenes tomadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles de las fuerzas del orden.
Miles de personas desfilaron por la mañana, en calma, en ciudades como Lille (norte) y Montpellier (sureste). En París, cientos de manifestantes comenzaron a congregarse a las 14H (13H00 GMT) en la plaza de la República, desde donde marcharán a lo largo de poco más de 2 kilómetros hasta la plaza de la Bastilla.
Para Maud, de 45 años, que marchó en la ciudad de Rennes (oeste), donde se produjeron incidentes al final de la manifestación, “hay una verdadera negación de la democracia y no se puede seguir así. Hay una deriva hacia el autoritarismo”.
“Este proyecto de ley pretende restringir la libertad de la prensa, la libertad de informar y de ser informado, la libertad de expresión, en fin, las libertades públicas fundamentales de nuestra República”, consideran los coordinadores que han convocado las protestas.
El artículo 24 — que ha centrado la atención – castiga con un año de cárcel y hasta 45.000 euros (54.000 dólares) de multa la difusión “malintencionada” de imágenes de las fuerzas del orden. El gobierno asegura que esta disposición pretende proteger a la policía de llamados al odio y a muerte en las redes sociales, con revelaciones de detalles sobre su vida privada.
Pero los detractores sostienen que muchos casos de violencia policial quedarían impunes si no hubieran sido grabados por las cámaras de periodistas o por los teléfonos de los ciudadanos.
También alegan que es una disposición inútil, ya que el arsenal jurídico actual es suficiente para reprimir estos delitos y que el derecho francés “sanciona los actos, no las intenciones”.
Dos casos de violencia policial esta semana han atizado el debate transformando una decisión política en una auténtica crisis en el ejecutivo de Emmanuel Macron.
