Al señalar que el Congreso del Estado dio un gran paso hacia la salud de la infancia oaxaqueña, al prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad, la diputada Magaly López Domínguez exhortó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a establecer políticas públicas para atender de manera integral la salud y la nutrición de las niñas y los niños de Oaxaca.
La legisladora, promotora de la “ley antichatarra”, urgió al titular del Poder Ejecutivo a promulgar a la brevedad el decreto que adiciona un artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prohibir la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, permitiendo la venta sólo a madres, padres y tutores legales.
Advirtió que la reforma aprobada por el Congreso corre el riesgo de convertirse en letra muerta si no existe voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, encargado de su aplicación, y si no es acompañada de políticas públicas diseñadas y puestas en práctica bajo un enfoque de derechos, dirigidas a la atención integral de la salud y la nutrición de la infancia oaxaqueña.
En ese sentido, la diputada se sumó al planteamiento de la Alianza por la Salud Alimentaria en el sentido de que esta nueva regulación debe estar acompañada por la promoción de consumo de alimentos saludables tan diversos como los tiene el estado de Oaxaca, y de esta forma motivar la sustitución de productos ultraprocesados con exceso de azúcar, sal y grasa, por verduras, frutas y semillas.
“También es indispensable que el gobierno garantice que la población tenga acceso real a los alimentos sanos, porque no sólo es un asunto de cultura, también están implicados factores económicos estructurales”, consideró.
Igualmente hizo suyo el llamado de la coalición civil a que las autoridades federales y locales garanticen una alimentación saludable por medio políticas públicas que privilegien la salud de la población por encima de los intereses económicos de la industria de alimentos y bebidas.
La Alianza por la Salud Alimentaria, una red de asociaciones civiles, organizaciones sociales y profesionistas preocupados por la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, emitió este jueves un comunicado en el que celebró la aprobación de la reforma, a la que calificó como “un paso hacia la protección de los derechos de la infancia por encima de los intereses comerciales”, e hizo un llamado a la operación de políticas públicas completas.
En ese contexto, la diputada Magaly López Domínguez destacó la importancia de las organizaciones civiles para la aprobación de la reforma, especialmente a las oaxaqueñas Espiral por la Vida y Consorcio Oaxaca, pues mediante su apoyo fue posible que diversas instancias internacionales conocieran de la propuesta y externaran su respaldo al Congreso del Estado para votar a favor del dictamen. “Sin la participación de la sociedad civil organizada, este logro histórico no hubiera sido posible”, externó.
La legisladora precisó que la reforma está alineada con una recomendación que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó al gobierno mexicano en 2018, en el sentido de establecer “una adecuada regulación y seguimiento de la comercialización de alimentos y bebidas dirigida a niñas, niños y adolescentes”, y externó su compromiso de continuar el trabajo legislativo para garantizar el derecho a la salud de la niñez.
