Excélsior
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas será actualizado cada seis meses para tener clara la situación que ocurre en el país con este fenómeno.
Recordó que hasta el pasado 6 de enero de 2020 se contaba con un número de 61 mil personas desparecidas; sin embargo, a partir de la depuración de los listados en cada una de las entidades y las acciones que se han emprendido, se dará a conocer la actualización de este registro nacional durante la primera semana del mes de julio.
“Estamos esperando información para tener los datos más puntuales de algunas de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, a fin de que tengamos cada día un mejor registro nacional y que nos dé cuenta no solamente de la dimensión del fenómeno, sino de las acciones puntuales que se han venido desarrollando para la identificación, donde hay avances importantes, o también para que muchas de las personas desaparecidas regresen con vida como prioridad, o si no lamentablemente con sus restos al seno de sus familias”, señaló.
En la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 2020, el funcionario resaltó la entrega de 341 millones de pesos a 24 comisiones locales para su operación y proyectos, en el caso de Tamaulipas, San Luis Potosí y Michoacán han dado prioridad a la construcción de los denominados de panteones forenses para la identificación de restos. En el caso de Jalisco que va a fortalecer las capacidades del Instituto Jalisciense de Ciencia Forense para avanzar en la identificación humana.
También, refirió que está por concluirse el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila cuyo gobernador, Miguel Ángel Riquelme preside, actualmente la Comisión de Derechos Humanos de la Conago.
“Se ha atendido el proceso de elaboración del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y se refrendó el compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el mecanismo extraordinario esté avanzando y que se pueda consolidar este mismo año con sus instrumentos y con recursos suficientes para ello”.
Y lo que viene ahora, dijo, es la etapa de elaboración de la convocatoria y selección de los siete miembros de este mecanismo.
Durante la reunión virtual, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero recordó la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las víctimas directas y e indirectas de esta situación de violencia.
La desaparición de personas constituye un fenómeno devastador para toda la sociedad. Es una de las formas de violencia con mayor daño colateral que existe, porque el desaparecido deja a sus familiares en una incertidumbre permanente que puede resultar más dolorosa incluso que el saber que esa persona ha fallecido. El vacío que dejan los desaparecidos en sus comunidades es causante de diversos fenómenos que provocan la irreparable descomposición del tejido social”.
Aclaró que durante el tiempo de pandemia, en colaboración con la Secretaría de Salud se estableció un acuerdo nacional que prohibió la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia del Covid-19.
