La Jornada
Con el homicidio de 34 activistas medioambientales ocurridos en 2019, México se ubica entre los países más peligrosos al registrar poco más del 10 por ciento de los 304 hechos reportados a nivel global para este tipo de ataques, señaló Susana García Jiménez, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Dijo que el modelo extractivista aplicado en la explotación de los recursos naturales en la nación durante los últimos 30 años ha generado problemas graves, que afectan a las poblaciones locales y es obligación del gobierno federal escuchar sus demandas para construir un sistema alternativo de desarrollo.
La doctora en Estudios Sociales, en la unidad Iztapalapa, señaló que la diversidad de luchas y resistencias nos llevan a plantear la deuda histórica de justicia que tiene el Estado mexicano con las comunidades, que se han visto afectadas y despojadas de su territorio sin haber tenido mejoras en su calidad de vida, a pesar de que se destina ocho por ciento del PIB mundial “a la construcción de obras faraónicas planteadas como proyectos para el crecimiento económico”.
En la ponencia “La justicia ambiental, una deuda del Estado Mexicano. Retos para la 4T”, cuestionó que el actual gobierno continúe con el esquema de implementar megaobras como la refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.
“Los pobladores del sur-sureste consideran una simulación las consultas sobre los megaproyectos, además de que es conocido que el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos estuvo vinculado estrechamente a la desaparición de los pueblos originarios”, dijo la especialista.
