La Jornada
México es el cuarto país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos, pues el año pasado se documentó el asesinato de al menos 24 activistas, la mayoría de ellos involucrados en la defensa de la tierra y los recursos naturales de las comunidades, señaló la organización internacional Front Line Defenders (FLD).
Durante la presentación del “Análisis Global 2019” del colectivo, Sandra Patargo, coordinadora de Protección de FLD para las Américas, indicó que el año anterior se documentó el homicidio de 304 defensores en 31 países, de los cuales el 68 por ciento ocurrieron en América Latina y el 40 por ciento fue de ambientalistas.
El país en donde ocurrieron más asesinatos fue Colombia, con 106, seguido de Filipinas (43), Honduras (31), México (24) y Brasil (23).
En el caso específico de México, los autores del informe identificaron que el 75 por ciento de las víctimas se dedicaban a temas de defensa de la naturaleza, un nivel mayor al promedio internacional en ese rubro, que es de 40 por ciento.
De igual forma, se documentó que más del 60 por ciento de esos asesinatos se cometieron con un arma de fuego y que en 20 por ciento del total de los casos la persona agredida fue una mujer, lo cual también significa un índice más alto que el promedio internacional, que es de 13 por ciento.
Patargo subrayó que la impunidad de estos homicidios sigue siendo la norma –incluso en los casos señalados como “emblemáticos”—y que existe un alto nivel de criminalización de los defensores ambientales, quienes se ven expuestos a agresiones físicas, actos de intimidación legal y amenazas, en particular las mujeres, los indígenas y los colectivos de diversidad sexual.
Por su parte, Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enfatizó que el trabajo de los ambientalistas en “inigualable”, pues gracias a ellos se han logrado avances fundamentales en la protección de los recursos naturales.
Sin embargo, es justo por ese rol de protagonismo que muchas de las personas defensoras son blanco de amenazas y ataques, por lo que llamó a las autoridades mexicanas a fortalecer su sistema de procuración de justicia y modificar las disposiciones legales que facilitan el acoso en contra de los activistas.
En el acto participaron Efraín Avilés, del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen; Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio, y Ángeles Hernández, integrante de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, quienes describieron los riesgos a los que se enfrentan los defensores de las garantías básicas.
