El Economista
Ciudad de México. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, resaltó la necesidad de que el gobierno mexicano genere una política pública que evite el trabajo forzado en campos agrícolas.
También destacó que acuerdos y normas existentes deben materialicen, por ello es necesario ratificar el Protocolo de 2014, relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Recordó que además existe el Estudio sobre la Intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, el cual plantea la necesidad de una política pública en la materia.
“Porque las normas nacionales e internacionales ya están, pero no bastan”, ahora, dijo, falta voluntad política para materializarlas.
Luego de que la CNDH y la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW por sus siglas en inglés) acordaron construir una agenda binacional de trabajo con perspectiva de derechos humanos en favor de las personas jornaleras en México y en Estados Unidos, González Pérez indicó que en este país más de cinco millones de jornaleros agrícolas trabajan en condiciones inhumanas.
Recordó que la CNDH ha emitido diversas recomendaciones sobre casos de violaciones a derechos humanos en agravio de personas jornaleras agrícolas de origen indígena, posibles víctimas de trata de personas en las modalidades de explotación laboral y trabajos forzados.
Entre ellas, mencionó, se encuentran las recomendaciones 28/2016, dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al gobierno de Baja California Sur; la 70/2017, a la STPS y al gobierno de San Luis Potosí, y la 15/2018, a la STPS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al gobierno estatal y a la Presidencia Municipal del Colima.
El titular de la CNDH advirtió que, en el corto plazo, los hijos de los jornaleros agrícolas no tendrán acceso a la tierra porque ya se repartió, por lo que están en riesgo de ser víctimas de la trata de personas.
En un comunicado, González Pérez agregó que el trabajo conjunto de la CNDH y la UFW abrirá la oportunidad de generar sinergias en empresas y Derechos Humanos.
