Proceso
Ciudad de México. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca envió un informe a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet en el que alerta de la profunda crisis de Derechos Humanos en esta entidad donde, solo en lo que va del año, han documentado tres asesinatos, seis detenciones arbitrarias, cuatro casos de tortura o malos tratos, dos casos de uso excesivo de la fuerza y una desaparición.
En la misiva esta organización feminista expresó su particular preocupación por la situación de mujeres y de personas defensoras ya que tan solo en el primer trimestre del año 2019 “hemos registrado un total de 93 ataques contra personas defensoras y periodistas, 37 contra mujeres, 46 contra hombres y 10 contra colectivos mixtos”.
Destacan también los altos números de difamaciones y calumnias, mismas que constituyen el 28% de los ataques y los casos de intimidación y hostigamiento (20%).
Resaltaron que “estos ataques se han dado principalmente contra mujeres buscando deslegitimarlas, impedir su legítima participación política y defensa de derechos de las mujeres”.
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Detallaron que el mayor número de ataques es contra de las defensoras de los derechos de las mujeres (33%); le siguen las y los defensores de derechos de pueblos indígenas (30%), las y los defensores del derecho a la libertad de expresión e información (14%) y personas defensoras de la tierra y el territorio (12%).
En el documento hicieron hincapié en que Oaxaca es el estado del país que registra el mayor número de ataques contra mujeres defensoras y se encuentra entre los primeros tres estados con mayores números de agravios contra personas defensoras.
Otra de las situaciones de mayor preocupación es la criminalización de la protesta social, donde relacionan a personas defensoras en Oaxaca. Muestra de ello es que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto documentaron al menos 141 personas defensoras detenidas arbitrariamente en Oaxaca. Las detenciones y prisión preventiva fueron desde un día hasta cinco años siete meses.
Los datos de la ONU
La gravedad de esta situación ha sido reconocida a nivel internacional, en particular por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU mismo que, entre 2014 y 2017, ha emitido ocho opiniones sobre personas defensoras de derechos humanos de México, de las cuales seis de ellas es sobre casos de Oaxaca.
De igual forma alertaron de la vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente personas defensoras de la tierra y el territorio y de los derechos humanos de los pueblos indígenas frente a la embestida de megaproyectos desde una lógica neoliberal poco preocupada por el respeto de los derechos humanos y en un estado que cuenta con recursos naturales particularmente importantes en términos de agua, viento, minerales y madera.
Es fundamental destacar que todas las detenciones arbitrarias documentadas en el 2019 fueron contra quienes defienden estos derechos, buscando con estrategias de criminalización acabar con las resistencias de las comunidades que defienden su legítimo derecho a decidir sobre su territorio y a ser consultadas conforme a estándares internacionales.
Destacaron que “la situación de violencia de género exacerbada es otro aspecto de la profunda crisis de derechos humanos en Oaxaca muestra de ello es que en base al registro ciudadano de Consorcio Oaxaca, fueron documentados 275 feminicidios en los dos años y 4 meses del sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, más de la mitad de la cifra registrada durante todo el sexenio anterior; ello a pesar de la emisión de la Alerta de Género el 30 de agosto del 2018.
Lastimosamente esa alerta de género no ha logrado ser implementada de manera satisfactoria, limitándose las acciones a actos protocolarios sin atender realmente las recomendaciones ni generar medidas adecuadas para abordar el carácter estructural de la violencia machista.
Tampoco, agregaron, el gobierno del estado de Oaxaca ha dado respuesta a la dramática situación de desapariciones de mujeres, misma que se ha incrementado de manera exponencial durante el sexenio en curso con 496 desapariciones registradas.
Lo “más grave aún es la respuesta institucional que en lugar de investigar con debida diligencia coloca la responsabilidad y culpa socialmente a las mujeres diciendo que la mayoría de las desapariciones son ‘ausencias voluntarias’”.
Por otra parte, mencionaron algunos asesinatos como los cinco crímenes contra integrantes de CODEDI durante el 2018, la desaparición forzada del defensor Ernesto Sernas García el 10 de mayo 2018 y 11 allanamientos contra Consorcio Oaxaca durante los últimos siete años; todos en total impunidad.
Finalmente, solicitaron a la Alta Comisionada que durante su visita a México voltee a ver la dramática situación de derechos humanos en el estado de Oaxaca e integre en su informe de visita unas recomendaciones específicas para atender la profunda crisis.
