Virgilio Sánchez/RIOaxaca
Oaxaca de Juárez. Trabajadores de base denunciaron abusos por parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Raúl Bolaños Cacho Guzmán.
Además, le exigieron les entregue aproximadamente 70 millones de pesos, que corresponden a la devolución de los pagos al Impuesto Sobre la Rente (ISR), que entre 2011 y 2014 se les descontó a sus salarios.
Ana Laura Carrasco Ayala, una de las empleadas inconformes con la actual administración del Poder Judicial, señaló que estos millones de pesos son propiedad de todos los trabajadores del Tribunal.
“Estoy luchando para que mis derechos como trabajadora sean respetados, estos es porque resulta que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, sin la autorización del Consejo de la Judicatura, gestionó a través de una empresa, que no se dedica a las cuestiones fiscales, la devolución, el trámite para de la devolución de alrededor de 70 millones de pesos, producto de nuestros impuestos”, dijo.
En un video difundido en redes sociales, esta empleada de base comentó que a ella, por ejemplo, le corresponde la devolución de 50 mil 712 pesos.
Carrasco Ayala aseguró que la mayoría de los trabajadores no hace pública su molestia porque teme a las represalias.
Otros trabajadores del Poder Judicial del Estado, consultados por RIOaxaca, comentaron que Bolaños Cacho Guzmán ataca a todo aquel trabajo que critique su gestión, y le reclame el dinero de sus impuestos.
“Estamos viviendo los trabajadores un ambiente hostil, de mucho temor, de terror, a venganzas, a situaciones que no nos permiten realizar nuestro trabajo con tranquilidad, porque al final de cuentas, lo trabajadores estamos en medio de un conflicto político”, expuso, Ana Laura Carrasco.
“Muchos compañeros de una manera injusta, cobarde y vil han perdido su base, eso no debe seguir ocurriendo”, agregó.
Esta trabajadora se sumó al rechazo que han hecho especialistas jurídicos, al intento de desaparecer el Consejo de la Judicatura de Oaxaca.
Recordó que este órgano tiene la función de supervisar el trabajo que realiza el Tribunal; y que su desintegración no significaría un ahorro importante en el presupuesto del Poder Judicial del Estado.
