La Jornada.
Ciudad de México. A 11 años de aprobarse el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las doce semanas de gestación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció por revisar dicho plazo, pues las mujeres más pobres, menos educadas, más jóvenes y las que no viven en la ciudad de México tienen mayor riesgo de llegar tarde a los servicios o no recibirlos.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, se han realizado 194 mil 153 intervenciones en la materia, lo que indica que ese número de mujeres tuvo las condiciones para el ejercicio de su autonomía y autodeterminación como sujetas de derechos.
La Constitución Política local reconoce los derechos a la autonomía y autodeterminación personal, así como los sexuales y reproductivos, pero no debe perderse de vista los retos entre los marcos legales y de política pública y la realidad que viven las mujeres.
En un pronunciamiento pidió por ello que el diseño institucional del acceso a los servicios otorgue pleno reconocimiento a las adolescentes como sujetas de derechos, evitando que la ausencia de un representante legal o familiar las excluya de poder acceder al servicio.
Además de asegurar la aplicación de todas las causales legales vigentes para interrumpir un embarazo, cuando sea producto de una violación, la salud de la mujer se encuentre en riesgo o en caso de alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto.
En caso de una inseminación artificial no consentida o cuando sea resultado de una conducta culposa (no intencional) de la mujer embarazada debe aplicarse asimismo la ILE, que este 24 de abril cumple 11 años.
Se trata, destacó, de uno de los mayores triunfos para los derechos de las mujeres en la ciudad de México, pues en un proceso inédito, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas al Código Penal y la Ley de Salud local, que permiten dicha interrupción.
El cambio normativo representa, sin duda, un triunfo en la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de su derecho a una maternidad libre, informada y responsable.
No menos importante es que esta medida legislativa estuvo acompañada de la creación de una política pública mediante la cual se garantiza el derecho a decidir de las mujeres en 13 unidades médicas: cuatro hospitales generales, cuatro maternos infantiles y cuatro centros de salud especializados en servicios integrales de salud sexual y reproductiva, precisó.
