Detrás de la noticia: Sistema Penal Acusatorio vs libertad de expresión

Alfredo Martínez de Aguilar.

Contra todas las opiniones interesadas no es una locura ni mucho menos una estupidez afirmar que el Estado mexicano ha puesto en marcha el mayor atentado contra la libertad de expresión.

En estricto sentido, ni siquiera la defensa de los derechos humanos justifica las disposiciones del nuevo Sistema Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Dónde queda el respeto absoluto al principio universal pro persona que privilegia la protección y defensa del bien jurídico superior de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Lo peor de todo, dichas normas ponen en grave riesgo legal a los periodistas y comunicadores mexicanos; les hacen sumamente vulnerables frente a los poderes de derecho o de iure.

En otras palabras, los periodistas y comunicadores mexicanos están expuestos de manera permanente a los abusos de poder del propio Estado, y de sus diversos órdenes de gobierno.

Ya no hablemos de los poderes de facto, tales como grupos de interés político, económico y social o, más todavía, de los grupos de presión y chantaje de los cuales es víctima Oaxaca.

Baste mencionar como ejemplo concreto del atentado a la libertad de expresión la exclusión de los periodistas y comunicadores del deber de guardar secreto para no revelar sus fuentes.

El Artículo 362 del controvertido Código Nacional de Procedimientos Penales establece el Deber de guardar secreto de diversas personas, menos de los periodistas y comunicadores.

“Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar”.

A ello, se suman las severas limitaciones al ejercicio del periodismo y la comunicación impuestas por el Sistema Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales con el pretexto de la defensa de los derechos humanos de los probables delincuentes.

En consecuencia, cabe preguntar quién protege y defiende los derechos humanos de los periodistas y comunicadores mexicanos. Acaso éstos no son protegidos por los principios pro persona. Es evidente que se atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

No hay que pasar por alto, desde luego, otras graves amenazas contra los periodistas y comunicadores mexicanos como las establecidas por el Derecho de Réplica recientemente aprobado y el riesgo de estar sujeto a elevadas sanciones económicas bajo el pretexto del daño moral de aquellos a quienes se critique o denuncie informativamente.

De ahí la trascendencia histórica y social de la lucha emprendida por el Frente Estatal por la Defensa y Protección de los Periodistas de Oaxaca, mediante la unión de siete organizaciones

Periodísticas con miras a consensuar la aprobación de la Ley de Protección a los Periodistas.

Entendible, jamás justificable, porque el espíritu y letra del Sistema de Justicia Penal es una nefasta extrapolación del sistema de justicia anglosajón, impuesto por los imperios europeo y norteamericano.

Forma parte del llamado Nuevo Orden Mundial que de manera genialmente perversa pretende imponer un Gobierno Mundial con la imposición de una legislación única como ocurre en los países de la Unión Europea.

 

Control y dominación

legal de los imperios

 

Esquema de control y dominación de los imperios europeo y norteamericano que se impone a la Unión de América, mediante la imposición, a su vez, de los Tratados de Libre Comercio. La nueva legislación de justicia penal tiene, pues, una alta carga de control político.

Al igual que la imposición de la Cláusula Democrática para obligar a la alternancia política en los Estados nación, como ocurrió en México en 200 con la entrega del poder presidencial a Vicente Fox por Ernesto Zedillo.

Caso concreto es la imposición de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México, que ha hundido en la ignorancia y miseria a la mayoría de los mexicanos.

Como es lógico y natural concluir, es un modelo ajeno totalmente a nuestra idiosincracia, pero sobre todo a nuestra realidad social en la que coexisten el sistema positivo occidental y el normativo indígena.

Situación que se agrava ante la falta de presupuesto gubernamental para su total implementación y, especialmente, la falta de capacitación del aparato de seguridad pública, procuración y administración de justicia.

Que quede perfectamente claro, no se trata de justificar ni mucho menos defender la prostitución de la procuración e impartición de justicia en México, a través de la escandalosa corrupción que contamina y pudre al Estado y gobiernos en turno.

Ni siquiera una institución otrora digna y venerable como la Suprema Corte de Justicia de la Nación escapa a las altas cotas que alcanza la corrupción en el país, toda vez que el nombramiento de sus ministros ha sido politizado y entregado en bandeja de plata a la partidocracia.

Compartimos esta reflexión al inició del Curso Taller sobre el Sistema Penal Acusatorio dirigido a periodistas y reporteros de medios de comunicación social, organizado por el Tribunal Superior de Justicia.

Comprende cuatro módulos con los temas: Antecedentes del Sistema Penal Acusatorio, Etapas del Sistema de Justicia Penal y la Función Social del Periodista en el Sistema de Justicia Penal.

Como ponentes participarán jueces operadores del Sistema Acusatorio Penal, facilitadores del Centro de Justicia Alternativa y personal del Instituto de Acceso a la Información Pública.

El curso fue inaugurado a nombre del titular del Poder Judicial, Raúl Bolaños Cacho, por el magistrado Crescencio Martínez Geminiano en las instalaciones del Consejo de la Judicatura.

El tema de la justicia es un servicio social y no es cosa de tribunales, ministerios públicos o defensores, sino de todos, aseguró el integrante de la Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento de la Operatividad y Consolidación del Sistema Penal Acusatorio del TSJE.

El objetivo es que los profesionales de la comunicación conozcan las generalidades del Sistema de Justicia Penal, enfoques, principios y etapas del proceso, y la función social del periodista.

El primer módulo Antecedentes del Sistema Penal Acusatorio fue impartido por la Juez de Control Mayra Peralta González.

 

Benjamín Robles va por

Ley de Amnistía al EPR

 

¡Vaya sorpresas que da la vida! Ahora resulta que Ángel Benjamín Robles Montoya se trata de pasar, otra vez, de gandalla. Vival como es pretende erigirse en defensor de la guerrilla del EPR.

No cabe duda que la ambición desmedida del ejecutor del trabajo sucio del PRI y represor de la izquierda en Michoacán no tiene límite alguno. Tampoco tiene llenadera su corrupción.

De esta manera busca pasar de promotor y protector de organizaciones radicales vinculadas crimen organizado, como taxistas y mototaxistas, a la defensa de la libertad de guerrilleros.

No hay que olvidar que desde su privilegiada posición de vicegobernador otorgó miles de concesiones de taxis y mototaxis para amarrar votos en su aventura por la gobernación de Oaxaca.

Actitud y decisión entendible en el senador ‘arcoiris’ que brincó del Partido de la Revolución Democrática al Partido del Trabajo y próximamente al Movimiento de Regeneración Nacional.

A menos, claro, que el político nacido en la Delegación Azcapotzalco esté, otra vez, al servicio del PRI. Quizá no olvida su origen en las cañerías del sistema. Infancia política es destino.

Intenta plagiar la Ley de Amnistía decretada por el ex gobernador José Murat un mes después de tomar posesión el 30 de noviembre de 2000 ante la represión desatada por Diódoro Carrasco.

Para fortalecer la gobernabilidad el 8 de diciembre del 2000, el gobierno de Oaxaca decretó una Ley de Amnistía estatal a favor de los guerrilleros del EPR en materia de delitos del fuero común,

La Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia dictaron el correspondiente acuerdo de archivo en las averiguaciones previas y causas penales relativas al levantamiento armado.

El senador todavía petista promueve en el Congreso de la Unión la Ley de Amnistía federal de 16 guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) presos en los reclusorios oaxaqueños.

El objetivo de Robles Montoya es imponer a su esposa Maribel Martínez como candidata a diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido en la LXIV Legislatura local.

Es posible que, previa negociación, el senador Ángel Benjamín busque sacar las castañas del fuego a Alejandro Murat. Al joven gobernador urge recuperar la gobernabilidad en Oaxaca.

Robles dice que “transitar en la construcción de la reconciliación reclama instituir los medios legales para decretar una amnistía que propicie el retorno de la armonía entre los oaxaqueños”.

Esta armonía, fue fracturada a raíz de la aparición del grupo armado Ejército Popular Revolucionario (EPR) el 28 y 29 de agosto de 1996, en las comunidades del Estado de Oaxaca.

 

De represor a promotor

de la paz y el progreso

 

Pretexta que Oaxaca optó por la transición pacífica, la paz y el progreso no podrán ser alcanzados si no se resuelven los conflictos históricos por la vía del diálogo y reconciliación.

Afirma que ha llegado la hora de actuar en pro de la justicia social y expedir la Ley de Amnistía con voluntad política, conciliatoria e incluyente que impulse la paz y la armonía en Oaxaca.

Robles dice que ha llegado el momento de sanar las heridas del pasado y convertirlas en mejores perspectivas de futuro. Hacerlo abriría las puertas de la comprensión cediendo paso al progreso.

Qué ha el senador por las viudas y huérfanos de los 5 policías, 3 marinos y 2 civiles asesinados por los guerrilleros del EPR en los ataques de Tlaxiaco y La Crucecita, Huatulco, en 1996.

Con un sofisma mitad verdad mitad mentira el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República pretende justificar que una injusticia no puede ser combatida con otra.

Hipócritamente el senador del Partido del Trabajo dice que el proyecto de Ley de Amnistía que propone, tiene como única intención procurar, a favor de la paz y de la reconciliación nacional.

Asimismo, agrega que su iniciativa busca el reconocimiento de la disidencia política y la libre manifestación pública de dicha disidencia como tal y no como una infracción o crimen.

Señala que la miseria que condena a los habitantes de los Loxicha anula las condiciones de bienestar en el presente y les priva de toda posibilidad de acceder al bienestar social en el futuro.

Ante esta perversa maniobra del chaquetero saltimbanqui senador hay que preguntar qué hizo por los indígenas de la región Loxicha de la Sierra Sur con todo el poder de  vicegobernador.

Ahora, por razones utilitarias de rentabilidad político-electoral Robles Montoya pretende que se reinserten a la vida política pacífica y productiva de la nación a más de 21 años de lo ocurrido.

Pide que los órganos judiciales en los cuales conste registro alguno o antecedentes de los guerrilleros, deberán eliminar de sus archivos registros y antecedentes relacionados con ellas.

La amnistía extingue la acción penal y sanciones impuestas por los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.

Pretexta que la disidencia política y la libre manifestación pública de dicha discrepancia es un privilegio constitucional no solo en el ideario de la democracia mexicana, sino en su legislación.

Oaxaca no es la excepción, por ello pide brindar oportunidad histórica a los mexicanos que al amparo de su ideología política pudieron realizar acciones tipificadas como delitos federales.