Propone Morena Ley Estatal que Regula la Propaganda Gubernamental

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Oaxaca de Juárez. Con el objetivo de evitar el despilfarro de recursos públicos en publicidad oficial el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Irineo Molina Espinoza presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Estatal que Regula la Propaganda Gubernamental.

La propuesta establece que la propaganda gubernamental tendrá carácter institucional y de fines informativos, educativos o de orientación social; y promoverá el acceso a la información pública regulando también el contenido que difundan los entes públicos en los medios de comunicación masiva y evitar su utilización para promover la imagen personalizada de cualquier servidor público.

La intención es garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de economía, transparencia y honradez, y se sujete a los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio establecidos en los presupuestos de egresos respectivos.

El también Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena subrayó que es necesario determinar normas de contratación con base en criterios objetivos, que busquen separar la asignación de publicidad de la línea editorial de los medios, garantizando con ello el derecho a la información de los ciudadanos a través de contenidos plurales, críticos y abiertos.

Molina Espinoza destacó que la propaganda gubernamental fomente la diversidad étnica, cultural y lingüística, así como la riqueza geográfica y regional de la entidad, para promover el desarrollo social de la población.

Molina Espinoza resaltó que es urgente la expedición de un marco normativo que establezca que a través de la publicidad gubernamental los ciudadanos podrán conocer plenamente las funciones y competencias de los Poderes Públicos y las instituciones.

Finalmente informó que en caso de que algún servidor público viole las normas de distribución, asignación, contratación y pago de la publicidad oficial, será sancionado con multas económicas, inhabilitación hasta por diez años en caso de reincidencia.