Alfredo Martínez de Aguilar.
Más que dramática, verdaderamente patética la realidad social que padecen los oaxaqueños por las graves consecuencias del colapso político y financiero que enfrenta el Estado. Herencia maldita de Gabino Cué y su mafia de rateros, por el desgobierno y el escandaloso saqueo.
Ahí está el Informe de Avance de la Cuenta Pública del segundo trimestre de 2016 de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que revela una diferencia de 1 mil 90 millones 520 mil pesos en el finiquito de Ciudad Administrativa. Hasta cuatro mil por ciento más de lo que realmente se debía.
El 30 de junio de 2016 el saldo de la deuda del Gobierno de Oaxaca por el concepto Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) de Ciudad Administrativa era de 25 millones 879 mil 996.14 pesos; pero sorpresivamente, en septiembre de ese mismo año, la administración anterior pagó 1 mil 116 millones 400 mil pesos, según investigación de Juan Carlos Zavala.
El panorama es más que sombrío para Oaxaca y los oaxaqueños. De los mil 192 millones 768 mil pesos que el gobierno de Oaxaca destinará en 2017 al pago de la deuda pública, el 74.2 por ciento, 885 millones 727 mil pesos, se perderán en pago de intereses y otros gastos secundarios derivados de los mismos pasivos, informó la Secretaría de Finanzas.
El gobierno de Alejandro Murat no debe olvidar también el pago de mil millones de pesos de adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por impuestos no cubiertos por la anterior administración.
Junto con la educación, la infraestructura y el turismo el área más golpeada indiscutiblemente es la salud. Oaxaca se encuentra entre los primeros lugares por muerte materna, sumado a ello la violencia obstétrica y los feminicidios que mantienen en constante riesgo a las mujeres.
Según denuncia de organizaciones sociales, esta problemática deriva del desdén que las autoridades mantuvieron en el sexenio de Gabino Cué, como lo prueba el asqueroso saqueo en el Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca conocido como Seguro Popular.
A este cochinero, hay que sumar lo que con justa razón el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raymundo Carmona, calificó como un robo en “despoblado” orquestado por el exgobernador y sus funcionarios.
El expresidente municipal de San Pedro Pochutla denunció que el exgobernador Gabino Cué, “robó” mil millones de pesos del erario estatal que debieron haber sido destinados a proyectos de infraestructura en favor de los 570 municipios de la entidad.
Carmona explicó que en 2016 la administración gabinista entregó a los ediles oaxaqueños Cuentas Líquidas Certificadas (CLC) con el objetivo que pudieran cobrar los recursos en enero pasado; sin embargo, al arribar al poder, funcionarios del hoy mandatario, Alejandro Murat, les notificaron que las cuentas estaban vacías.
Aquel monto, abundó el perredista, debió haber sido utilizado para obras programadas con mezcla de recursos estatales y municipales con el objeto de abatir el rezago de las comunidades.
“Los recursos fueron robados de las arcas estatales y uno de (los afectados) fue San Pedro Pochutla. Hicimos convenios 70-30, y el 70 por ciento que debió poner el estado, a pesar que había convenios firmados, no entregó nada.
Por tal motivo, al margen de traicionar a Gabino Cué por razones sentimentales de tipo familiar, además de buscar conservar la “chamba”, resultan altamente reveladoras las declaraciones del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo.
Sin especificar ni menos identificar de quién o quiénes son las manos negras que mecen la cuna de la violencia política generada por la agitación/subversión, el Ombdusman advirtió que existen intereses vinculados a la corrupción que pretenden generar conflictos en Oaxaca.
“Hay intenciones deliberadas de generar confrontación en el estado. Nos preocupa que en algunos capítulos importantes como el magisterial y en otros conflictos, hay otros intereses que quieren distraer para favorecer tal vez algún tipo de impunidad, a través de la generación de conflictos”, reveló Peimbert al reportero Andrés Carrera de El Imparcial.
Expuso que esto ya no se puede permitir, pues durante los últimos conflictos vividos en la entidad han desviado la atención para permitir un deterioro al patrimonio; “si queremos realmente profundizar en la defensa a los derechos humanos tenemos que seguir exigiendo que no exista impunidad sobre estos gravísimos temas de corrupción que hubo en materia de salud, en materia de educación, infraestructura y seguridad”.
“Haría un llamado a las instituciones, a la propia sociedad Ya nosotros mismos para que estemos alertas y muy expectantes para no permitir que intereses vinculados a la corrupción e impunidad le apuesten a la agudización de los conflictos, Oaxaca ya no aguanta más en la conflictividad, tenemos que darle oxígeno al estado, tenemos que dialogar para evitar la confrontación en todos los niveles”.
Reiteró que no se no se puede permitir que los intereses que han acumulado capitales millonarias a través de la corrupción, puedan verse expresado en los conflictos en Oaxaca; “tenemos que estar alertas en eso”, señaló.
Dijo que en los primeros meses de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa existe un compromiso positivo para atender los capítulos más gravosos.
Es terrible el reporte dado a conocer por el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) A. C. sobre los índices de muerte materna que colocan a Oaxaca y que mantienen a la entidad vergonzosamente en los primeros lugares a nivel nacional.
En la entidad, de acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, en los últimos nueve años se han registrado 382 casos de muerte materna. La mayoría de mujeres que han muerto eran jóvenes y en edad reproductiva, hablantes de una lengua indígena y vivían en comunidades sin acceso a servicios médicos de calidad.
Ello, ocurre, a pesar que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem Do Pará” condena todas las formas de violencia contra la mujer perpetradas en el hogar, laboral o por el estado.
En 2016, ocurrieron 37 muertes maternas en Oaxaca, una de ellas era una joven menor de 18 años. En los primeros cuatro meses de 2017 murieron 12 mujeres por causas prevenibles que están relacionadas al embarazo, el parto y el postparto.
Para el GESMujer las inequidades de género, la injusticia social, la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a servicios médicos de calidad son las causas estructurales de la mortalidad materna en Oaxaca.
El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Pro-igualdad 2013-2018), señala que la Razón de Mortalidad Materna se estima en 43 defunciones por 100 mil nacidos vivos, con contrastes por entidad federativa, donde Oaxaca se encuentra entre los primeros lugares de muerte materna a nivel nacional.
En el 2010, se registraron 50 muertes, en el 2011, 50, y en el 2012, 40, mujeres murieron durante su labor de parto, por lo que se hablaba de un disminución, lo cual se ha demostrado que no ha sido así.
La mortalidad materna puede prevenirse si todas las mujeres, y en particular las adolescentes, tienen mayor información y acceso a los servicios de salud reproductiva y a la anticoncepción.
Sin embargo, según un monitoreo de la Instrumentación del Programa de acción específico salud, sexual y reproductiva para adolescentes afirma que en clínicas de salud rurales se carece de información y evidente falta de atención.
La violencia obstétrica es otro de los factores que ha afectado gravemente a las mujeres pues de cada 10 partos 8 han sido cesáreas lo que ha obligado que hoy se retome la partería según informó la organización “9 lunas”.
La otra constante contra las mujeres oaxaqueñas son los feminicidios en lo que va de este año van 15 feminicidios y un total de 582 asesinatos de mujeres desde el sexenio anterior.
@efektoaguila
