Las investigaciones de la destrucción de las 50 cámaras de video-vigilancia durante las movilizaciones de la Sección 22 fueron atraídas por la PGR
Oaxaca de Juárez. El desconocimiento de la situación administrativa y operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, generó confusión en los mandos de la dependencia al ignorar que alrededor de 50 videocámaras se encuentran destruidas y afectas a legajos de investigación iniciadas por el gobierno de Gabino Cué en contra de profesores y activistas, de los cuales, la mayoría han sido liberados y exonerados.
De las 468 video-cámaras, existentes en las ocho regiones del estado, en la capital del estado hay instaladas 224 cámaras de video-vigilancia, de las cuales, alrededor de 50 equipos fueron destruidos durante las movilizaciones magisteriales y sociales, algunas de ellas con daños parciales y otras fueron robadas o destruidas totalmente.
Las investigaciones de la destrucción de las 50 cámaras de video-vigilancia durante las movilizaciones de la Sección 22 de la CNTE durante la pasada administración gubernamental, fueron atraídas por la Procuraduría General de la República, (PGR) y hasta el momento aún continúan abiertos los procesos penales.
Por lo tanto, de acuerdo a los protocolos de seguridad los equipos afectos a las averiguaciones, son y siguen siendo parte de la evidencia por lo que aún no han sido liberados y entregados a la dependencia y por lo consiguiente no pueden ser desmontados, ni reparados.
Por las afectaciones, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, en un acto aparente de aplicar la Ley contra los integrantes de la Sección 22 de la CNTE y de diversas organizaciones sociales, ordenó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, iniciar las averiguaciones previas en contra de los vándalos, sin embargo, tiempo después, la PGR atrajo las investigaciones.
Entre los denunciados se encontraban un total de 24 dirigentes e integrantes de la Comisión Política de la Sección 22, así como dirigentes de diversas organizaciones sociales, de todos, solamente se detuvo a siete profesores, entre ellos a sus dirigentes Rubén Núñez Ginés, a Francisco Villalobos y a dos activistas de organizaciones sociales.
De los detenidos, en el mismo 2016 fueron liberados y exonerados, a todos ellos se les dispensó el pago de la reparación del daño que asciende a varios millones de pesos, y otros más, ni siquiera han sido detenidos a pesar de que ya participan activamente en las movilizaciones, como es el caso de las profesoras María del Carmen Vásquez López (a) “La Jicayana” y Norma Cruz Cleiver.
Ignacio Martínez Platas/RIOaxaca
