Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. Como parte de la exigencia ciudadana para fortalecer la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y a la impunidad, organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y promotoras de la transparencia y la rendición de cuentas, junto con organismos empresariales, han lanzado la Campaña Designaciones contra la Corrupción y la Impunidad.
La cual según información proporcionada por el sitio de la organización defensora de periodistas Artículo 19, tiene la intención de “demandar que los nombramientos públicos se lleven a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, y se conduzcan de acuerdo con los principios de gobierno y parlamento abierto”.
En el desplegado se considera que en México, la mayoría de las designaciones públicas se deciden por autoridades políticas, en procesos cerrados, sin información pública, y a partir de la repartición de cuotas entre los partidos políticos y el predominio de intereses particulares.
“Esta forma de realizar los procesos de designación no garantiza una evaluación técnica de los aspirantes, con base en perfiles especializados e independientes para ocupar los cargos; debilita a las instituciones al no dotarlas de legitimidad de origen; y genera desconfianza por parte de la ciudadanía hacia su desempeño y la toma de decisiones”.
El escrito firmado por organizaciones defensoras de derechos humanos como Arthemisas por la Equidad , la propia ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas y las Católicas por el Derecho a Decidir, recuerda que en los próximos meses se llevarán a cabo procesos de designación de primera relevancia para el buen funcionamiento del sistema democrático en nuestro país, como son los(as) nuevos(as) Magistrados(as) Electorales, el(la) Procurador(a) General de la República que podría convertirse en el(la) primer(a) Fiscal General, el(la) titular de la Secretaría de la Función Pública, el(la) nuevo(a) Fiscal especial en materia de combate a la corrupción y los(as) integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Por tanto los grupos reunidos el día de hoy”, señalaron, “instamos al Poder Ejecutivo y al Senado de la República, en tanto autoridades encargadas de estos procesos, a incorporar, como mínimo, los siguientes cinco elementos de gobierno y parlamento abierto”.
“Realizar convocatorias públicas en las que se determinen de manera previa y clara, el proceso y sus etapas, así como el perfil (diferenciando claramente los requisitos mínimos y los elementos de idoneidad)”
“Garantizar la máxima publicidad y rendición de cuentas durante todo el proceso (incluyendo el acceso a los expedientes de las y los aspirantes a los cargos).Implementar comparecencias públicas de las y los candidatos para que la ciudadanía en general pueda conocer sus propuestas y planteamientos”.
“Utilizar instrumentos técnicos de valoración para los perfiles, que incluyan criterios objetivos y que éstos sean públicos antes y después de la toma de decisiones”.
“Establecer mecanismos de participación ciudadana sustantiva en cada uno de los procesos, garantizando la posibilidad de presentar objeciones y cuestionamientos a las y los candidatos”.
El desplegado señala además las designaciones ya mencionadas serán claves para el combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país. Por lo que las organizaciones de la sociedad civil, académicas y empresariales enfocaran durante los próximos meses sus esfuerzos para acompañar la labor de las autoridades responsables en estos procesos de nombramiento, de forma que garanticen el nombramiento de personas capaces, imparciales e independientes a la cabeza de dichas instituciones.
Las organizaciones de derechos humanos, de transparencia y empresariales que firman el desplegado se declararán “en un esfuerzo conjunto de combate a la corrupción e impunidad, daremos seguimiento y participaremos activamente en estos procesos de designación y de diseño institucional, sin duda #VamosPorMás.”
Entre las organizaciones firmantes se encuentran además Causa Común, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Además de Freedom House, Fundación Pro Mujer Quintana Roo, Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, La Sandía Digital, Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez o Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
