Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. En la sesión de este jueves, la tribuna del Congreso de Oaxaca señaló que se debe realizar una revisión minuciosa de los mecanismos de deuda adoptados por el Estado.
“Recordemos que no toda la deuda pública pasa por la autorización de este Congreso y los niveles alarmantes que muestran los documentos entregados por la Secretaria de Finanzas hacen más urgente su estudio”.
Leslie Jiménez Valencia, diputada panista, pasó al frente al pleno legislativo a hablar sobre un urgente exhorto a las y los diputados de la 62 legislatura para que antes del treinta de septiembre de este año que comprende la fecha de su último periodo de sesiones, se estudie el estado de la cuenta pública del gobierno que está ya a pocos meses de terminar funciones.
Consideró, como presidente la comisión de hacienda de la Cámara, preocupante la situación de las finanzas que vive el estado de Oaxaca. Recordó que una agencia especializada que califica a los estados de la República en base a su nivel de endeudamiento, no ha dado buenas noticias sobre Oaxaca.
“Durante los tres últimos años Oaxaca mostró déficits financieros equivalentes a menos cinco punto nueve por ciento del total de sus ingresos. Estos resultados reflejan principalmente presiones en el gasto corriente relacionados a educación, primordialmente a nomina magisterial, donde aunque no trabajen les pagan, a la aportación estatal para desastres naturales”.
Jiménez apuntó además a que el gasto corriente incrementó una tasa de crecimiento anual compuesta del once por ciento durante el periodo 2010-2014.
“Se espera que si el estado no logra incrementar las medidas de control de gastos y registrar un déficit en las cuentas del 2015 de alrededor del seis por ciento en los ingresos per cápita”.
La diputada comentó que el gobierno estatal presentó su cuenta pública en marzo de este año, donde afirma tener una deuda de corto plazo cercana a los 2825 millones de pesos.
“Todos nos preguntamos, ¿si hay un recurso que fluya realmente en todas la dependencias de gobierno?” pregunta Leslie al tiempo que afirma que la deuda pública de Oaxaca está hoy comprometida con los ingresos propios de la entidad.
Con la deuda dividida en dos empresas, Interacciones con 1450 millones de pesos y HSBC con 375 millones de pesos.
No sería el único señalamiento legislativo de este jueves sobre los números rojos con los que el actual gobierno estatal está terminando su sexenio. Una hora antes de la sesión, la diputada priista Martha Alicia Escamilla, quien presentó un punto de acuerdo para pedirle al gobierno de Gabino Cué que cumpla con sus obligaciones financieras con proveedores y contratistas , y liquide sus deudas antes de que concluya la administración.
Expuso que las deudas del gobierno superan ya los mil millones de pesos para con las empresas, en una “situación crítica que arrastra a la planta laboral” de las mismas.
Señaló que hasta ahora el gobierno estatal no ha dado el monto total de los adeudos, dice que la “inversión en infraestructura se detuvo y el dinero asignado al respecto por el Congreso no se sabe en donde está”.
“El gobierno estatal no puede ser cómplice de la debacle del Estado” señaló Escamilla como proponiendo un pleonasmo extraño. Exigió en su intervención ante el pleno que el gobierno estatal cumpla en sus compromisos con contratitas y proveedores, y publique la información sobre sus adeudos y establezca ya una calendarización de pago.
Los dos embates contra finanzas y deudas gubernamentales de dos diputadas de partidos distintos apuntan a que queda más que claro que el final del sexenio ya llegó , y que ya cada quien está haciendo por desmarcarse de futuras consecuencias.
Como desmarcado ha sido el inicio de la sesión, con el priista Adolfo Toledo Infanzón, presidente de la mesa directiva, gritando un “¡calma Fredy!” a un Fredy Gil Pineda Gopar que con un “¡a ver a qué horas!”, pedía el inicio de la sesión.
Pero la sesión no iniciaba porque Infanzón estaba poniéndose de acuerdo con líderes de bancada y diputados panistas sobre los términos de la toma de posesión del panista Gerardo García Henestrosa como nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Horas antes las y los diputados panistas se pusieron de acuerdo con los diputados de las otras fracciones para darle golpe de estado a Natividad Díaz como coordinadora de la fracción parlamentaria panista y en consecuencia bajarla también de la presidencia de la JUCOPO.
Algunas versiones dirán que Díaz se ha quedado en la soledad de su oficina en el Congreso, sin bajar a la sesión para atestiguar el madruguete del que terminó siendo objeto. Henestrosa declaró después que no tiene nada contra Natividad, aunque casi desde el principio de esta 62 legislatura dijo a la prensa sus deseos de que fuera destituida de la coordinación legislativa panista. Hoy a poco más de un mes de terminar funciones, finalmente ocupa su lugar.
De los números rojos estatales expuestas por Jiménez y Escamilla también están imbuidas las arcas del Congreso, a la mayoría de su personal tiene tres meses sin pagarle. Sobre esto el nuevo presidente de la JUCOPO abundó que está en trámites para aterrizar cual es la verdadera situación de la tesorería legislativa, y cuáles son las alternativas para salir de bache que ya pinta para zanja.
Hace poco menos de un año Gerardo García Henestrosa comentó en entrevista que el posible faltante en las arcas legislativas podría ascender a los 2500 millones pesos, hoy ya en el papel de actor de los hechos, dirá que todavía tiene que medirle el agua a las quebradas finanzas del Congreso estatal.
El nervio del final se siente ya a placer en la 62 legislatura, el nervio por quedar lo mejor parado posible con la futura administración, con los llamados a cuentas, con el estado de la imagen pública y política de cada diputada o diputado.
Por lo pronto para sumar buenas noticias, la 62 ha dado con urgente y obvia resolución el cauce a dos buenas causas. Su suma a la campaña de movimiento solidario a favor de la igualdad de género llamada “Nosotros por ellas”, que propone el impulso de una cultura laboral incluyente, igualitaria y sin discriminación hacia las mujeres.
Y un exhorto urgente al ejecutivo estatal para que concluya ya el proceso de reubicación y el otorgamiento de viviendas dignas para los damnificados y agrietamientos ocurridos en Santiago y Santa Cruz Mitlatongo hace ya cinco años.
Además de una petición a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que investigue la situación de los damnificados y en su caso solicite el otorgamiento de medidas cautelares y emita las recomendaciones correspondientes que garanticen en el derecho humano a la vivienda, sobre habitantes de estas poblaciones pertenecientes al hoy convulso municipio de Nochixtlán.
