Por Francisco Ramírez
Alejandro de Jesús Martínez, integrante del Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI), advirtió que es urgente cambiar el paradigma de protección de los niños y las niñas y reconocerlos como sujetos de derecho, lo anterior luego del asesinato de un menor de 7 meses a manos del crimen organizado,.
El defensor de los derechos de los niños señaló que en México y Oaxaca no existe una política pública específica que atienda a los niños y niñas víctimas del crimen organizado, por lo que dijo, se les ha llamado “víctimas indirectas” al considerar que no sufren las agresiones de manera directa como sus padres o familiares adultos.
“Eso es bastante equivocado porque los niños ven y viven la violencia de forma totalmente directa”, e insistió en que los niños sólo son vistos como un punto que se debe “medio atender” pero no hay un plan bien estructurado para garantizar los derechos de los menores.
Agregó que mientras no se vean a los niños y niñas como sujetos de derecho y no como objetos de protección las conductas nunca van a cambiar, por lo cual apuntilló es urgente proponer políticas públicas, leyes y recursos para la sociedad civil y la ejecución de planes estatales, para que los niños y niñas sean atendidos como se requiere.
“Mientras no haya voluntades políticas no se puede hacer nada”, señaló Alejandro de Jesús, quien señaló que la muerte del menor es la expresión de la normalización de la violencia armada y resultado de la equivocada estrategia de seguridad del Estado Mexicano frente al crimen organizado.
Por ello es necesario atender los reiterados llamados que desde 2010 se han hecho en realizar un diagnóstico y estrategia nacional para prevenir y atender todas las formas de violencia contra la infancia.
Recalcó que la Red por los Derechos de la infancia en México (REDIM ) y el Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) llaman a las autoridades del Estado de Oaxaca a garantizar justicia a las víctimas mortales, investigando de forma inmediata y llevando a tribunales a quienes resulten responsables del brutal homicidio ocurrido en el municipio de Pinotepa Nacional.
“Lamentamos que las autoridades locales recurran a la práctica equivocada de justificar el homicidio ante la opinión pública por presuntas actividades delictivas de narcomenudeo sin que exista una determinación judicial”.
Por lo que consideró que la filtración de información sobre la investigación del Ministerio Público es violatorio a los derechos humanos de las víctimas, “en su presunción de inocencia”, respeto a su dignidad y buena reputación.
“Criminalizar a las víctimas sólo anuncia que la averiguación no será profesional, imparcial e inmediata. Están a tiempo de corregir el mal inicio de la investigación”, puntualizó.
