En la sesión ordinaria de la diputación permanente de la actual legislatura local, fue presentado un punto de acuerdo a cargo del legislador priista Adolfo Toledo Infanzón en el que exhorta al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que determine ya un posicionamiento sobre la construcción o no del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) en el Cerro del Fortín.
“Sujetando su actuación y la de los servidores públicos involucrados dentro del ámbito de su competencia, con estricto apego a lo que señala el marco legal, a efecto de brindar certeza jurídica a los actos que de esta se deriven”.
Dicho punto de acuerdo contempla además que la Consulta ciudadana realizada el pasado cuatro de octubre (y en la cual el sí al CCCO en el Cerro del Fortín ganó con el nueve por ciento de la participación del total del padrón electoral vigente en la ciudad de Oaxaca) “no es un mecanismo de participación ciudadana legalmente reconocido, y por lo tanto, los resultados del mismo no representan efectos vinculantes que deban ser acatados o justifiquen cierta determinación al respecto”.
El punto de acuerdo presentado se turnó para ser estudiado a partir del quince de noviembre de este año, fecha en la que las y los diputados locales regresan a un nuevo periodo ordinario de sesiones.
Mientras tanto la diputación permanente trató temas como los documentos en cartera que se darán a conocer a la ciudadanía y los medios de comunicación, pues estos ya están disponibles en los medios electrónicos
Además de proyectos de decreto para cambios en la ley orgánica municipal de Oaxaca, a la ley estatal de salud del estado, y a la ley de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar para el estado de Oaxaca.
Finalmente se anuncia para hoy miércoles siete de octubre la realización de una sesión extraordinaria a las seis de la tarde en el Pleno Legislativo, donde se presume podrán tratarse temas relativos a la penosa y virtual derogación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Ley Electoral Estatal aprobada por la actual legislatura.
Así como las acusaciones de opacidad y uso discrecional de 600 millones de pesos pertenecientes a los fondos de la Junta de Coordinación Política que existen sobre sus antiguos presidentes y legisladores perredistas, Anselmo Ortiz y Félix Serrano Toledo.
Las cuales devinieron en una carta en la cual 23 legisladores firman y demandan transparencia al Congreso en el cual trabajan.
