El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth, anunció que el Senado está en condiciones de avanzar en una parte de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia.
Es muy probable que podamos tener un consenso con respecto a distribuciones de competencia en materia penal en las próximas horas, sin perjuicio de la evolución que puedan tener de los otros dos grandes temas que comprende la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto”, indicó.
En conferencia de prensa, después de participar en el primer día del seminario La Constitución, Análisis Rumbo a su Centenario, que organiza el Senado, Roberto Gil Zuarth informó que el grupo parlamentario del PAN está a unos días de hacer pública la contrapropuesta en torno al Mando Único y la intervención federal en municipios coludidos con el crimen organizado.
El PAN está a punto de presentar, lo haremos ya en breve, la contrapropuesta a la iniciativa que ha presentado el presidente Enrique Peña Nieto sobre la distribución de competencias penales, el nuevo modelo policial en nuestro país y también sobre los mecanismos de intervención de la Federación en estados y municipios sujetos a riesgos y amenazas”, señaló.
Y precisó el porqué es altamente probable que sólo salga una parte de esa reforma constitucional que propuso el presidente de la República desde el año pasado.
Quizá de estos tres grandes temas sea posible avanzar en algunos otros, específicamente en el tema de distribución de competencias, ya que hay consenso en abrir las facultades del Congreso de la Unión en casos como por ejemplo tortura, desaparición forzada de personas, justicia penal para adolescentes y algunos otros elementos que están ya avanzados en términos de consenso político”, explicó.
Momentos antes, durante la inauguración de este seminario, Roberto Gil coincidió con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos, así como con el vicepresidente del Senado, Arturo Zamora, en el sentido de que los cambios constitucionales registrados a lo largo de 98 años han permitido que la Carta Magna se mantenga viva.
